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EL BALANCE DEL GOBIERNO REGIONAL A LOS 100 DIAS DE ADMINISTRACION

Es la hora de hacer un primer balance. 

Para precisar los términos del análisis, transcribo un documento emanado de la Intendencia Regional de Magallanes que sintetiza la visión del Gobierno Regional, acerca del balance de sus 100 primeros días de administración.   Concluída la fase de instalación del Gobierno, tal como lo anunció la Presidenta de la República en el reciente cónclave de la coalición gobernante, ahora de más en más el gobierno será medido por la ciudadanía, por los medios de comunicación y por todos los actores políticos y sociales, en función de la eficacia, pertinencia, oportunidad y eficiencia de las medidas y decisiones que adopte.

Presento en primer lugar la versión textual del documento oficial, recibida por correo electrónico, y propongo a continuación algunos elementos para un análisis crítico de este balance.

 

Manuel Luis Rodríguez U.   Cientista Político.

Punta Arenas - Magallanes, junio 17 de 2006.

 

EL BALANCE DEL GOBIERNO REGIONAL 

 

"INFORME REGIONAL  PLAN 100 DÍAS, 36 MEDIDAS

 

De acuerdo a la información disponible, se ha establecido que al cumplirse los cien días de Gobierno, el próximo lunes 19 de junio,  la Presidenta Bachelet y su Gobierno, han cumplido los compromisos asumidos en las 36 medidas, generando con ello  un  gran impacto y  beneficio para el país, alcanzando mayores niveles de protección social, de igualdad de oportunidades  y mejorando de manera muy importante la calidad de vida de nuestra población, especialmente de aquellos hogares más vulnerables.

 

SOBRE EL IMPACTO REGIONAL


1.      Medidas de Impacto Directo


En primer lugar, habría que destacar que  prácticamente la totalidad de las medidas contempladas en el Plan 100 Días, tienen efecto y un impacto positivo sobre nuestra Región,  destacando a modo de ejemplo al menos 12 de ellas:

-         Más de 7.000 adultos mayores recibieron  un reajuste extraordinario de pensiones. (Medida N° 4)

-         Se habilitaron  5 nuevas  salas cuna, lo que permitió que más de cien niños, menores de 3 años, hayan ingresado a un jardín infantil, con todos los beneficios que ello significa (Medida N° 8)

-         Al menos 100 jóvenes magallánicos al año, podrán acceder  a la beca de excelencia para la educación superior, que incluye  además mantención y alimentación. Es decir los mejores rendimientos de cada Liceo subvencionado tendrán este derecho garantizado (Medida N° 11)

-         La  implementación del Centro de Salud Familiar de Puerto Williams, beneficiará a una población cercana a las 2.000 personas, con un tipo de atención centrada en la familia y en la prevención. (Medida N° 15)

-         La incorporación de 15 nuevas patologías al AUGE, llegando a un total de 40, ha significado un inmenso impacto y beneficio, pues ya son más de 1.500 las personas que han podido utilizar  esta medida, destacando la incorporación de la depresión como enfermedad AUGE. Todos los Consultorios cuentan con personal especializado y en pocas semanas se han realizado cerca de 700 atenciones (Medida N° 16)

-         La gratuidad en atención hospitalaria en la red pública de salud, ha significado en Magallanes, que  3.900 personas, mayores de 60 años podrán acceder a la atención gratuita (Medida N° 17)

-         El programa de apoyo a Mipymes, significa en nuestra región, que cerca de 2.000 pequeños, micro y medianos empresarios, podrán acceder a beneficios tales como alfabetización digital, ventanilla única, aumento nacional de 10 millones de dólares para fondos de garantías, aumento en un 50% de fondos destinados a capital semilla, simplificación tributaria que significará ahorros mensuales que irán de los 50 a los 400 mil pesos (Medidas N°  21 y 22)

-         En  el plan de estudios que contempla becas para que quienes estudien inglés, puedan  cursar al menos un semestre  en un país de habla inglesa, se ha estimado que se podrían beneficiar 127 jóvenes de Magallanes (Medida N° 26)

-         Respecto a fortalecer el mejoramiento del aprendizaje del idioma inglés, logrando que se incorporen  personas de habla inglesa a nuestros procesos de formación, se puede informar que se espera que para el día 19 de junio, lleguen a nuestra región 14 personas de habla inglesa, para trabajar en Punta Arenas y Puerto Natales (Medida N° 27)

-         El programa de mejoramiento de barrios, se aplicará en las poblaciones Ríos Patagónicos, Alfredo Lorca y Simón Bolivar, con una inversión de 1.500 millones de pesos, beneficiando a más de 4.500 personas (Medida N° 30)

-         La creación de la Agencia Regional de Desarrollo, cuyo Comité Estratégico regional será anunciado en los próximos días, será de vital importancia en el nuevo impulso que se dará a nuestro sector productivo, potenciando la innovación, la competitividad, la formación de capital humano de excelencia y la exploración de nuevos mercados y productos (Medida N° 32).

 Por lo tanto, es necesario reconocer con absoluta claridad, que miles de personas ya están siendo beneficiadas con la aplicación de estas medidas, mejorando de manera importante  nuestra calidad de vida y de protección social en Magallanes.  LA APLICACIÓN DE LAS 36 MEDIDAS, SIGNIFICAN UN AVANCE IMPORTANTE PARA EL PAÍS Y PARA MAGALLANES.


Otras Medidas que Benefician a Magallanes
 

Las siguientes medidas cumplidas por la Presidenta Bachelet, tienen un impacto real y directo para nuestra región, pero que hasta ahora es difícil de dimensionar en número de personas.

-         En materia de empleo juvenil, el aumento hasta 25 años de edad para acceder a bonificación y el pago de hasta un 50% de un sueldo mínimo, será un ayuda para mejorar las posibilidades de ingreso al mercado laboral de nuestros jóvenes. Será nuestra tarea difundir y promover el uso de esta iniciativa (Medida N° 1)

-         La posibilidad de que los jóvenes puedan ahora trabajar por horas, significa regularizar y entregar protección a muchos jóvenes que por ejemplo estudian y trabajan, que ayudan en sus hogares; pero cuya situación de vínculo laboral era tremendamente precaria. Ahora  en Magallanes los jóvenes que trabajen por horas, podrán hacerlo dignamente (Medida N° 3)

-         El pago de las asignaciones familiares, el crear un subsidio para quien debe cuidar de un enfermo postrado, impidiéndole por ejemplo poder salir al mundo del trabajo, también ayudará a muchas familias de nuestra región (Medida N° 6).

-         El aumento de  110 mil a 171 mil las becas y créditos de educación superior, también significarán una ayuda para los jóvenes de Magallanes.(Medida N° 10)

-         Iniciativas como el aumento en la dotación de Carabineros, el fortalecer la protección ambiental a través de la creación de un Ministerio,  mejorar la seguridad ciudadana, la capacitación para mayores de 40 años que quieran aprender otro oficio y otras medidas más, tendrán un impacto positivo para Magallanes y mejoraran fuertemente nuestra calidad de vida."

 

ELEMENTOS PARA UN ANALISIS CRITICO

 

¿Sobre qué bases podemos hacer un balance de la gestión de gobierno en la región?  ¿Sobre la base de la agenda que intenta colocar el gobierno en los medios y en el debate público, o sobre la base de la agenda ciudadana que responde a los intereses, aspiraciones y demandas más reales y precisas de la ciudadanía de ésta región?  

Sería interesante analizar cómo en estos 100 días de gobierno de la Presidenta Bachelet, el gobierno y la Concertación han logrado que los tópicos que están en discusión en el espacio público son los tópicos de la agenda de gobierno, lo que dicho sea de paso, habla muy mal de la capacidad propositiva de la derecha (no tienen nada que proponer, frente a las sucesivas medidas que pone el Gobierno en la mesa), pero habla muy bien de la mera disposición reactiva de los partidos de la Alianza. La derecha parece arrinconada a una sola y simple alternativa: oponerse, para poder seguir siendo oposición...

Pero la coalición gobernante tiene todavía el margen de tiempo suficiente (un año y 8 meses más), para seguir girando a cuenta de la popularidad de la Presidenta de la República.  Sólo que es una cuenta cuyo haber puede decrecer si las medidas son impopulares y si hay desprolijidad y descoordinación en el manejo político, comunicacional y concreto de las numerosas demandas sociales, que pueden surgir a la vista de un erario fiscal que aparece rebozante.

Por otra parte, un balance es -en esencia- el recuento de lo disponible, es decir, de los Activos y los Pasivos.  Dicho en términos estrictamente contables, el balance es el recuento del Haber y del Debe, es decir, de lo que se ha realizado y de lo que no se ha realizado y que se encuentra en deuda.

 

El recuento del Gobierno Regional

 

En su conjunto, sin lugar a dudas que hay que reconocer positivamente y valorar la voluntad política de tomar medidas de impacto inmediato y mediato y que en gobiernos anteriores no se había utilizado el método de acotar medidas y plazos en la gestión de los gobiernos regionales.   Ahora bien, reconocer lo positivo, no quiere decir dejar en silencio los elementos críticos o las cuestiones pendientes.  

Tampoco se puede desconocer que en el conjunto de medidas propuestas por la actual administración, hay una mezcla de medidas de corto plazo o de decisión inmediata generalmente de carácter administrativo, medidas de mediano plazo o de decisión gradual, y medidas de largo plazo, que implican en la mayoría de los casos, decisiones legislativas que tienen procesos y tiempos de demora y de maduración.  Por ello, el envío de un proyecto de ley (por ejemplo, el que crea el Ministerio de Seguridad Ciudadana) no puede ser considerado como una medida enteramente cumplida (porque lo que se prometió en la campaña presidencial no era enviar un proyecto al Congreso sino crear un Ministerio...), de manera que solo y cuando la institución que se desea crear está efectivamente creada se considerará cumplida la medida, porque sino se trata solamente de un proyecto, un proyecto en trámite. 

Constituye efectivamente un listado de las medidas que se han adoptado, muchas de ellas de orden administrativo o de orden legal, pero evidentemente el grado de materialización real de cada una de ellas no es igual y en algunos casos ni siquiera comparable.   

Algunos ejemplos a este respecto. 

En primer lugar, la posibilidad de que los jóvenes puedan trabajar por horas desde este momento (que se menciona como la medida Nº 3) ¿garantiza que no estamos en presencia de una precarización del empleo y del empleo juvenil en particular?   ¿Se trata de una medida adoptada por decreto del Ministerio del Trabajo o depende de su aprobación legal en el Congreso?  ¿Qué ha hecho el Gobierno Regional respecto de la situación contractual precaria en la que se encuentran numerosos funcionarios públicos en Magallanes, muchos de ellos a contrata y a honorarios, y que ha sido frecuentemente reclamada por sus gremios representativos?

En segundo lugar se declara como una medida cumplida la creación de la Agencia Regional de Desarrollo, pero se presenta como un logro ya realizado, en circunstancias que su Comité Estratégico recién será anunciado en "los próximos días". 

¿Puede afirmarse rápidamente que está cumplida en la región de Magallanes, la medida de creación de dicha Agencia?  ¿Está creada dicha Agencia?  ¿Dónde funciona?  ¿Cuáles son sus autoridades, sus orientaciones de trabajo, su agenda?  En el sitio web www.intendenciamagallanes.cl  podemos leer: ""En la actualidad, el trabajó está centrado en la conformación de equipos y los procesos de instalación de la Agencia Regional. El nuevo organismo permitirá articular y coordinar todos aquellos servicios y programas que generan políticas de apoyo, por ejemplo, a la pequeña empresa, o el fomento productivo, mejorando el acceso para los usuarios y la efectividad de las iniciativas. La Agencia Regional, con participación del sector privado, tendrá el objetivo fundamental de construir e impulsar una Agenda Estratégica de Desarrollo Productivo, coordinar territorialmente la oferta de instrumentos de apoyo existentes para las empresas locales así como apoyar la coordinación de los procesos de inversión pública (FNDR) y los programas sociales sectoriales. “Nuestra primera misión será construir una visión compartida de la estrategia de desarrollo productivo de nuestra región, con participación del sector público y privado, a través de metodologías de trabajo que encaucen el diálogo”, explicó la Intendenta Eugenia Mancilla. La primera autoridad puntualizó que la estrategia entregará una agenda de trabajo en torno a la cual focalizar los esfuerzos de fomento, creación y de inversión publica y privada de Magallanes. Esta iniciativa es una forma institucional que busca descentralizar decisiones relativas al desarrollo productivo de Magallanes. Por último, se informó que la estructura formal de la nueva institución fue aprobada por el Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción el pasado 4 de mayo, y quedó constituida como Comité de CORFO."    A la luz de la información proporcionada, cabe preguntarse ¿está funcionando realmente este organismo? 

Hablemos de las medidas para las micro y pequeñas empresas.  En la edición del sábado 17 de junio de La Prensa Austral leemos: "Cerca de siete mil micro y pequeñas empresas magallánicas deberían ser beneficiadas con el Plan de Apoyo al Emprendimiento que anunció la Presidenta Michelle Bachelet y que la secretaria regional ministerial de Economía, Lorena Araya, ya se encuentra analizando para su implementación en la zona.    Estos sectores también serán favorecidos con el anuncio del envío al Congreso de un proyecto de ley tendiente a facilitar el proceso tributario a quienes tengan ventas menores a tres mil UTM anuales, que son aproximadamente unos 95 millones de pesos.  Estos dos compromisos corresponden, en suma, a las medidas número 21 y 22 de las 36 proyectadas para los primeros cien días de gobierno de la Mandataria."  ¿Qué es lo que está realizado de ésta promesa-medida?  ¿El anuncio del envío al Congreso de un proyecto de ley, o que se está analizando el Plan de Apoyo al Emprendimiento?  ¿Cuántos serán los beneficiados: 2000, como dice el documento oficial anterior, ó 7.000, como dice hoy la SEREMI de Economía en La Prensa Austral?

Veamos otro tópico.  ¿Cómo se compatibiliza la declaración de la "gratuidad en atención hospitalaria en la red pública de salud..." con las recientes denuncias aparecidas en la prensa local, respecto de las largas listas de espera para la atención de las personas de la tercera edad, precisamente los destinatarios de esta importante medida?

Nada se dice tampoco en este balance, de las medidas adoptadas por el Gobierno regional en materia de seguridad ciudadana, uno de los tópicos de mayor preocupación ciudadana en la actualidad.

Se anuncia en este documento, el loable propósito de "fortalecer la protección ambiental a través de la creación de un Ministerio".  Loable iniciativa en la medida en que la región de Magallanes presenta diversas formas de deterioro de su calidad ambiental y der explotación indiscriminada de algunos de sus recursos naturales sin que haya una efectiva fiscalización ni protección ambiental.   Sin embargo, si no existe todavía tal Ministerio del Medio Ambiente, ¿se puede presentar esa idea como una medida ya realizada?  ¿Cuándo se va a fortalecer la protección ambiental: desde ahora, cuando se declara cumplida la medida o desde que comience a funcionar el Ministerio respectivo?

 

Los temas mayores de la agenda regional

 

Nada dice el balance adjunto, respecto de los tres grandes tópicos que han ocupado la agenda política regional en los recientes 100 días de inicio de la nueva administración.  Incluso podría afirmar que el propio balance adjunto, es inexplicablemente mezquino respecto de todo lo que ha estado realizando el Gobierno Regional y sus autoridades sectoriales, porque sería absurdo suponer que esto es todo lo que ha hecho el Gobierno en Magallanes desde el 11 de marzo pasado...

Observamos silencio sobre el tema del actual análisis que se está haciendo en la región sobre las leyes de excepción para Magallanes.

Observamos silencio sobre los avances o retrocesos habidos en materia de desarrollo energético, a partir de la exploración en Lago Mercedes, y que la propia Presidenta de la República vino a la región a conocer.

Observamos silencio sobre la forma cómo el gobierno regional administró el conflicto estudiantil, con los alumnos de los liceos secundarios de la región, durante los recientes meses de abril y mayo.

El tema del actual debate regional sobre las leyes de excepción de nuestra región, presenta dos caras casi contrapuestas.  Por un lado, hay que valorar que el gobierno regional ha implementado medidas de consulta y participación ciudadana en este tópico tan crucial para el desarrollo actual y futuro de la región y en el marco de un estudio realizado por consultores externos del BID, y que poco parecen conocer esta región.   Pero, hay que deplorar que se continúan emitiendo señales equívocas respecto de la forma cómo el Estado central resolverá en esta materia, como ocurrió con la visita del Director Nacional de Impuestos Internos y su poco oportuna declaración sobre el Decreto Ley 889, que vino a ser desmentida a las pocas horas por otra autoridad, generando inquietud en algunos actores económicos, por ejemplo entre los empresarios instalados en Tierra del Fuego.

El tema de la explotación de gas en Tierra del Fuego y del conjunto de la exploración gasífera que está realizando ENAP en Magallanes ha pasado casi desapercibida para el gobierno regional y el balance adjunto nada dice al respecto, no obstante la intempestiva visita de la Presidenta al sector de exploración en Lago Mercedes.  Hace falta sin duda alguna, que el Gobierno Regional explicite claramente cuál es la situación real en esta materia y qué es lo que la región puede esperar, para poner término a los frecuentes rumores.

Sobre la resolución en Magallanes del conflicto estudiantil reciente, nada dice tampoco el balance adjunto. 

Nada se dice de la eficacia o ineficacia de los mecanismos de diálogo y de participación entre los alumnos y las autoridades antes que se declare el conflicto.  Nada se dice del conocimiento que las autoridades regionales tenían de las demandas estudiantiles locales, antes que se desate el conflicto.  Nada se informa de los acuerdos logrados y de las medidas que se están adoptando para resolverlas.  Por cierto que es necesario reconocer que en el desarrollo del movimiento estudiantil, como se propone en otros materiales de este blog, quedó en evidencia la desorientación de toda la clase política tradicional, tanto de la derecha como de los partidos de gobierno, que se enfrentaron sin respuestas coherentes a una demanda estudiantil articulada sobre temas de profundo interés regional y nacional.

 

REFORMA AL SISTEMA ELECTORAL Y CONSECUENCIA POLITICA

Desde el jueves 15 de junio de 2006, se encuentra en el Congreso Nacional el proyecto de ley de Reforma Constitucional con el que el Gobierno inicia el debate legislativo sobre la modificación del actual sistema electoral binominal.

¿Cuál será la posición de los parlamentarios de Magallanes frente a este proyecto de ley? 

Por razones de evidente e indiscutible consecuencia política, es altamente previsible que el Senador Pedro Muñoz Agurto y la Diputada Carolina Goic se pronunciarán en favor del proyecto, mientras que el Diputado Rodrigo Alvarez votará en contra, por orden de su partido, la UDI, colectividad que anunció que votaría contra este proyecto, incluso antes que el texto de la propuesta llegue al Congreso.

Pero, ¿cuál será el voto del senador Bianchi?

Hagamos un poco de historia. 

En la reunión sostenida el 24 de marzo recién pasado en la propia sede del Partido Comunista en Punta Arenas, con los dirigentes del Regional Magallanes de esta colectividad de izquierda, sres. José Neguel, Francisco Alarcón y Willy González, el senador Bianchi expresó su acuerdo general con la necesidad de modificar el sistema electoral.

A su vez, con fecha 4 de abril y desde su oficina en Valparaíso, el senador Bianchi envió una carta a la directiva regional del PC, cuyos acápites fundamentales dicen lo siguiente: "De mi consideración:  Me refiero a la reunión sostenida con los sres. José Neguel, Francisco Alarcón y Willy González en mi última visita distrital a la región, en donde se abordó el tema relacionado con la convergencia democrática por un nuevo sistema electoral y la propuesta de desarrollo del Gobierno para Magallanes.  Al respecto, si bien aún no se encuentran estos temas en la agenda legislativa inmediata, en el momento oportuno, cuando se produzca la discusión, tendré en consideración vuestras propuestas, las que también reflejan mayoritariamente mi posición de independiente.  Saluda atentamente a ustedes, Carlos Bianchi Chelech, Senador de la República."

¿Qué expresó el senador Bianchi a los comunistas de Magallanes en esta carta?  Muy claramente: que comparte mayoritariamente la propuesta de derogar el sistema binominal y de pasar a un sistema electoral proporcional que es lo que proponen los comunistas en su proyecto de ley, que se encuentra en este mismo blog.

Ahora, los ciudadanos y ciudadanas de Magallanes quedarán a la espera y en observación de la conducta política del senador Bianchi, tan solo porque la palabra escrita se convierta en hechos políticos concretos.   Eso se llama consecuencia.

Punta Arenas - Magallanes, junio de 2006.

 

PROPUESTA DE REFORMA AL SISTEMA ELECTORAL DE LA CARRERA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD ARCIS MAGALLANES


PRESENTACION

 

El presente documento recoge un conjunto de ponencias presentadas por los alumnos de III Año de Licenciatura en Ciencias Políticas de la sede Magallanes de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS, elaboradas en el marco de la asignatura de “Sistemas Electorales”. 

 Los alumnos de III Año de Licenciatura en Ciencias Políticas que participaron en la elaboración y presentación de las distintas propuestas que aquí se sintetizan, fueron los siguientes:  Srtas. Daniela Ojeda, Lorena Ojeda, Marianela Pérez, Paola Fernández, Carolina Sandoval y Maria Laura Valenzuela y sres. César Valdes, Osvaldo Usaj, Francisco Cheuque, Nelson Leiva y Jonathan Sandoval.

La cuestión de la modificación del actual sistema electoral binominal se ha ido instalando en la agenda pública durante los últimos meses de la campaña presidencial y parlamentaria de 2005  y este documento constituye un aporte intelectual y académico  a un debate que tiene particular transcendencia para el futuro del sistema político en Chile.   Este documento fue enviado en diciembre de 2005 al Presidente de la Cámara de Diputados señor Gabriel Asencio.


Punta Arenas (Magallanes), diciembre de 2005.

 

Manuel Luis Rodríguez U.
Cientista Político, profesor de Sistemas Electorales y
Cooordinador de la Carrera de Ciencias Políticas,
Universidad ARCIS – Sede Magallanes.

 

DESCRIPCION GENERAL
 DE LA PROPUESTA

 

Fundamentación general y Marco conceptual.


Desde la perspectiva de la Ciencia Política se define básicamente un sistema electoral como el conjunto de normas, instituciones y procedimientos que, con determinados grados de eficiencia, conducen o permiten convertir las preferencias electorales de los ciudadanos (votos emitidos), en cuotas de poder institucionalizado (en la forma de cargos electivos o escaños).

Esto significa que los sistemas electorales se fundan en una articulación siempre dinámica de elementos interdependientes, vinculados en una relación sistémica, de manera que la transformación de uno de ellos conduce a modificar las funciones y efectos del resto de los elementos y del conjunto del sistema electoral y del sistema político en su globalidad.

La permanencia o modificación de un sistema electoral, por su rol crucial en el proceso de construcción de una democracia y por su impacto sobre las condiciones de gobernabilidad del sistema político democrático, tienen entonces importancia decisiva.

Siendo dos los sistemas electorales básicos: el basado en el principio de elección mayoritaria y el basado en el principio de elección proporcional, cualquier modificación de uno de estos modelos, necesariamente va a conducir a acercarse al otro modelo.


Representatividad.


La implantación de un sistema proporcional no solo puede ser considerada como una prueba de madurez de la clase política y del sistema político e institucional, sino también como una garantía que asegura tanto una adecuada y suficiente representatividad geográfica del territorio nacional, sus regiones y comunas, como de su representatividad funcional en términos que refleje la situación real de los partidos, liderazgos y bloques existentes, así también como que manifieste una representatividad descriptiva, en el sentido de que los órganos elegibles (Cámara de Diputados, Senado y Concejos Municipales), reflejen la diversidad cultural, étnica, social y política de la sociedad chilena.

La consideración de las ventajas políticas individuales, partidistas o grupales, son casi siempre factores determinantes en la selección de un sistema electoral, ya que se busca aquel que mejor responda a sus respectivos intereses y posiciones de poder, de manera de mantener o elevar el potencial electoral que cada uno posee al momento de intentar la reforma.

Se trata por lo tanto y en definitiva, de buscar un punto de equilibrio entre la estabilidad del sistema político y las necesidades de representación popular aún en medio de un cambio de sistema electoral; así como el beneficio que cada partido o bloque de partidos obtiene del actual sistema comparado con los beneficios que puede lograr con el nuevo sistema; y además, frente a la necesidad que el sistema que se implante, resulte lo suficientemente funcional, expedito, controlable, verificable y transparente, como para operar en condiciones más eficaces que el sistema que se reemplaza.

Pretendemos también que los cálculos políticos que satisfacen intereses de corto plazo, resulten supeditados a intereses de mediano y largo plazo, asociados con un perfeccionamiento de la calidad de nuestra democracia.  En este sentido, cabe subrayar el hecho que las próximas elecciones en Chile tendrán lugar el año 2009, de manera que los legisladores tendrán suficiente tiempo como para diseñar un sistema electoral eficaz en su contenido democrático y eficiente en su gestión administrativa.

Se busca producir un proceso político e institucional que actualice el sistema electoral, adecuándolo a las nuevas condiciones culturales, sociales y políticas que tienen lugar en Chile desde los últimos tres decenios del siglo XX.

En el caso particular de Chile, estimamos que el análisis a realizarse para evaluar la viabilidad política e institucional de una reforma al sistema electoral vigente, debiera considerar a lo menos las siguientes variables:

La relación entre el número de partidos políticos existentes y la gobernabilidad general del sistema.
En general, no existe una vinculación automática entre el número de partidos que tiene un sistema político dado y la gobernabilidad de dicho sistema.  Puede haber un escaso número de partidos, pero generarse condiciones de baja gobernabilidad, y existir un gran número de partidos y dar forma a un sistema gobernable.  La cuestión crucial en este aspecto, es la solidez,  estabilidad y grado de institucionalización que presentan los partidos políticos y las coaliciones existentes como para permanecer cohesionados en un esquema electoral mayoritario o proporcional.

La relación entre los volúmenes de votación de cada candidato, partido o bloque de partidos y el número de representantes que se elijen.  La mayor objeción que se argumenta frente al sistema binominal actualmente en vigencia es la desproporción existente entre las cantidades de votos que obtienen los candidatos de ambas coaliciones y el número de parlamentarios elegidos resultantes de los comicios.    También cabría agregar que el sistema binominal tiende a sobre-representar a las minorías y a sub-representar a las mayorías.  Al introducir modificaciones en este aspecto, se debiera apuntar a que exista la máxima correlación posible entre el número de electores, la cantidad de votos para cada candidato-tipo y el número de escaños que resultan de esos votos.

Cabe consignar finalmente que en Chile la institución electoral y el ejercicio del derecho al sufragio, se corresponde con una tradición republicana que encuentra sus raíces en los orígenes de la República, bajo la administración del Director Supremo Bernardo O’Higgins (1818) y que se prolongó perfeccionándose y ampliándose a lo largo de dos Constituciones (1833 y 1925), hasta 1973.

No obstante la manipulación de que fue objeto el sufragio popular durante el régimen militar (en los ejercicios plebiscitarios de 1978 y 1980), aquella tradición republicana se ha vuelto a manifestar desde los inicios de la transición (1988) y por ello es posible afirmar que una modificación estructural al sistema electoral vigente, puede ser percibida como un paso sustantivo en el proceso de completación de la transición democrática en Chile.


CONTENIDO DE LA PROPUESTA


Proponemos un sistema de representación proporcional por listas.

Convierte con una alta precisión los votos emitidos en escaños.
Este sistema evita algunos de los resultados desestabilizantes e "injustos" de los sistemas de mayoría-pluralidad. Se reducen los "escaños de recompensa" para los grandes partidos y los partidos pequeños pueden tener acceso al Congreso Nacional sin necesidad de obtener grandes cantidades de votos.

Genera pocos votos desperdiciados
Cuando los umbrales son bajos, casi todos los votos en las elecciones de dentro del sistema proporcional cuentan para la elección del candidato favorecido. Esto incrementará la percepción de los votantes, de que vale la pena concurrir a las urnas el día de las elecciones, ya que pueden tener una mayor confianza de que su voto será significativo en los resultados electorales.

Facilita a los partidos minoritarios el acceso a la representación.
A menos que los umbrales sean indebidamente altos o que la magnitud de los distritos sea inusualmente baja, cualquier partido político puede lograr alguna representación en el Congreso, aunque sea con un porcentaje reducido de apoyo electoral. Esto satisface el principio de inclusión, el cual es crucial para la estabilidad política y trae beneficios en los procesos gubernamentales de toma de decisiones.

Permite a los partidos presentar listas de candidatos diversificadas.
El incentivo del sistema de representación proporcional por lista reside en maximizar el voto nacional, independientemente de donde provenga. Cada voto, aún los de una área electoral débil, forma parte de un total agregado y sirve para conseguir otro escaño.

Estimula la elección de representantes de minorías
Cuando la conducta de los votantes refleja las divisiones sociales o culturales, el sistema de representación proporcional de lista ayuda a asegurar que el Congreso incluirá miembros tanto de los grupos minoritarios como de los mayoritarios. Esto sucede porque los partidos pueden ser estimulados por el sistema, a crear listas balanceadas de candidatos, las cuales responden a un  amplio y diverso espectro de intereses de los votantes.

Hace más probable que las mujeres resulten elegidas.
El sistema propuesto es más favorables para la elección de mujeres que los sistemas de mayoría. En esencia, los partidos pueden utilizar las listas para promover el desarrollo de las mujeres interesadas en la participación política y permitir el espacio para que los votantes elijan a las mujeres candidatas, sin limitar su opción de voto por otras razones. En los distritos binominales actuales, la mayoría de los partidos se ven forzados a proponer como candidatos a personas ampliamente aceptables, las que raras veces son mujeres.

Disminuye el crecimiento de "disputas" regionales.
Puesto que el sistema propuesto recompensa a los partidos minoritarios con una minoría de los escaños, es menos probable de llegar a situaciones donde un solo partido tiene todos los escaños de un distrito determinado.

Propicia un gobierno más eficiente.
Se argumenta en general en relación a las democracias establecidas, que los gobiernos electos por métodos de representación proporcional, son más efectivos que aquellos electos por mayoría. La experiencia de Europa Occidental sugiere que los sistemas proporcionales parlamentarios, sobresalen por su longevidad gubernamental, participación de voto y ejecución económica. La lógica tras esta afirmación, es que cambios periódicos de gobierno entre dos partidos o dos bloques de partidos más o menos antagónicos, como sucede en los sistemas mayoritarios, hacen más difícil la planificación económica a largo plazo, mientras que los gobiernos, en el sistema propuesto, ayudan a mantener una estabilidad y coherencia en la toma de grandes decisiones, lo que permite el desarrollo nacional.

Hace más visible el poder compartido.
En muchos sistemas democráticos nuevos, el poder compartido entre la mayoría numérica de la población que mantiene el poder político y la pequeña minoría que tiene el poder económico, es una realidad inevitable. Aunque la mayoría numérica domina el parlamento, las negociaciones entre los diferentes bloques de poder son menos visibles, menos transparentes y menos responsables.  En un sistema proporcional se logra una mayor visibilidad de las corrientes políticas, grupos de presión y otros intereses en juego en la escena política.


Administración electoral 


Consideramos que el conjunto de reformas aquí propuestas, supone una modificación orgánica a las funciones, facultades y recursos del Servicio Electoral.
Proponemos que el Servicio Electoral devenga un servicio nacional autónomo del Estado, independiente del gobierno, constituyendo con el Tribunal Calificador de Elecciones un Poder Electoral distinto.
El Servicio Electoral, en el nuevo sistema propuesto, será provisto de los recursos humanos y presupuestarios, técnológicos y materiales que le permitan administrar el conjunto del proceso electoral, desde la inscripción de los candidatos, la conformación del Padrón Unico de Electores, hasta la supervisión de las mesas receptoras de sufragios y recintos de votación, incluyendo la centralización computacional de los resultados y su publicación oficial.     En la aplicación de sus funciones logísticas, el Servicio Electoral contará con la colaboración e implementación proporcionadas por las Municipalidades.


Descripción general del sistema propuesto 


Proponemos adoptar un sistema de representación proporcional por listas.

En su forma más simple, este sistema requiere que cada partido o sector independiente presente una lista de candidatos al electorado en cada uno de los distritos electorales, que los electores voten por un partido y que los partidos reciban sus escaños en proporción a su porcentaje de votación nacional.

Los candidatos ganadores son tomados de las listas en el orden en que se ubican.
Según esta fórmula, los candidatos independientes deberán poder formar pactos y subpactos, distintos de aquellos constituidos por los partidos y bloques de partidos existentes.


Umbral de representación.


El sistema debe fijar un umbral de representación, es decir,  el mínimo nivel de votación que requiere un partido para obtener representación parlamentaria, el cual puede ser fijado de manera legal  y matemática.   Proponemos que el umbral de representación sea de 3% para todas las elecciones de Concejales, Diputados y Senadores.

Coaliciones, pactos y subpactos.
Los umbrales altamente efectivos pueden servir para discriminar a partidos pequeños. Pero en algunos casos se considera indeseable configurar dispositivos discriminatorios en contra de los partidos pequeños, especialmente cuando varios partidos pequeños con las mismas bases de apoyo se "dividen" sus votos comunes y, por tanto, no alcanzan el umbral, cuando de haberse coaligado electoralmente hubieran reunido votos suficientes para obtener representación parlamentaria.
Por lo tanto, debe ser norma general la posibilidad de constituir pactos y subpactos electorales, tanto para los partidos existentes dentro del sistema como para las candidaturas independientes a Senadores, Diputados y Concejales.
El sistema propuesto entonces, debe normar y permitir que los partidos pequeños se alien o agrupen para fines electorales, formando así un pacto o subpacto electoral para competir en la elección. Esto quiere decir que los partidos y las candidaturas independientes permanecen como entidades separadas y son listados por separado en las papeletas de votación, pero los votos conseguidos por cada uno de ellos se cuentan como si pertenecieran a la coalición en su conjunto. Consecuentemente, se incrementan las oportunidades de que su votación total combinado supere el umbral y estén en posibilidades de obtener o ampliar su representación. Este dispositivo se utilizó en Chile hasta 1973.


Modalidad de lista semi-abierta.


Se propone una modalidad de lista semi-abierta, es decir, un sistema en que el orden de los candidatos es determinado por los partidos o los pactos de independientes, pero los electores  pueden expresar su preferencia por cualquiera de ellos. 
El sufragio contendrá los nombres y símbolos de los partidos y de los candidatos independientes.
Los votantes simplemente escogen al candidato individual de su preferencia. Esto implicaba que los partidos y pactos independientes se verán inducidos a  incluir algunos candidatos que de otra forma podrían haber tenido dificultad de ser elegidos.


Magnitud de los distritos.


Existe un acuerdo casi universal entre los especialistas electorales en el sentido que el factor determinante para convertir votos en escaños bajo sistemas proporcionales es el de la magnitud de los distritos, entendida en términos del número de escaños que se eligen o distribuyen en cada uno de ellos.
Bajo un sistema binominal, la magnitud del distrito es de dos escaños: los votantes eligen dos  representantes al Senado y dos a la Cámara de Diputados. En contraste, bajo un  sistema de representación proporcional, el número de representantes o escaños a ser elegidos en cada distrito determina, en gran medida, que tan proporcionales serán los resultados de la elección.
Los sistemas que alcanzan un mayor grado de proporcionalidad utilizan distritos muy grandes, porque estos son capaces de asegurar que aún los partidos pequeños logren representación en la legislatura. Por ejemplo, un distrito en el cual se eligen tres miembros –que es nuestra propuesta- implica que un partido debe ganar por lo menos el 25% + 1 de los votos para asegurarse un escaño.

Un partido que tiene solamente el apoyo del 10% de los votos podría no ganar escaños, además de que se podría decir que los votos de sus simpatizantes fueron desperdiciados. En cambio, en un distrito de nueve escaños el 10% + 1 de los votos garantizaría que un partido ganara por lo menos un escaño.
Esto no sólo significa que los resultados serían más proporcionales, sino también que los partidos más pequeños tendrían la capacidad de contar con representación.
El problema que debe ser considerado es que a medida que los distritos crecen -tanto en número de escaños como en su tamaño geográfico- se vuelve más débil el vínculo entre los representantes y su electorado.
Esto puede tener serias consecuencias en un sistema político donde los votantes esperan que su representante mantenga fuertes vínculos con el electorado y que actúe como su "delegado" en el Congreso.
Considerando que la mayoría de los especialistas concuerdan en que, como principio general, los distritos de entre tres y siete escaños funcionan muy bien y que un número impar, como 3, 5 o 7, funciona mejor que uno par, proponemos que cada región del país elija a tres Senadores y  cinco Diputados, dando forma a un Senado de 39 miembros y una Cámara de Diputados de 65 integrantes.


Reforma electoral e informatización 


Consideramos que el modelo propuesto, al introducir modalidades de informatización en los procedimientos electorales del sistema, constituye un paso previo significativo, que permitiría implementar en el futuro el voto electrónico en Chile.
Inscripción y ejercicio del sufragio Proponemos que la nueva norma legal que rija el sistema electoral, disponga al mismo tiempo la inscripción automática y el ejercicio voluntario del derecho a sufragio.
Los individuos al cumplir los 18 años de edad, serán incorporados automáticamente en el Padrón General de Electores, mediante la transmisión al Servicio Electoral de la información respectiva por parte del Registro Civil e Identificación.
El Servicio Electoral constituirá así un Padrón Unico General de Electores, que contendrá los siguientes datos: nombre completo del ciudadano o ciudadana, cédula de identidad, última dirección conocida y comuna de residencia.
Para los efectos de las elecciones municipales, el sistema establecerá una norma que exija que no puedan trasladarse inscripciones electorales de una comuna a otra, sino sobre la base de un domicilio debidamente certificado por Carabineros ante el Servicio Electoral.


Requisitos para ser candidato 


Proponemos que se elimine la prohibición para dirigentes sindicales y gremiales de poder acceder a puestos de representación popular, en ejercicio de sus funciones.  Los candidatos a Senadores y Diputados deben cumplir un requisito de residencia efectiva en la región donde se postulan, de a lo menos un período de cuatro años y los candidatos a Concejales y Alcaldes tendrán un requisito de residencia efectiva de 4 años previos a la elección, en las comunas donde se postulen.
En cuanto a la edad, sugerimos que la edad mínima para ser elegido Senador se mantenga en 35 años,  y la edad mínima para ser candidato a Diputado, a Concejal o a Alcalde sea de 21 años.
Número de representantes por distrito y proporción  de electores Proponemos que cada región del país, incluyendo la región Metropolitana, elija 3 Senadores cada una y 5 Diputados.
Configuración del cuerpo electoral Modo de inscripcion de los ciudadanos.
La inscripción de los ciudadanos se hará sobre la base de la información computarizada proporcionada al Servicio Electoral el día 30 de diciembre de cada año por el Registro Civil e Identificación, y del Ministerio de Justicia para el caso de los ciudadanos impedidos de sufragar, por motivo de haber sido condenados a penas aflictivas.
De este modo, desaparecen por obsoletos los registros electorales actuales, basados en la escritura manual y en la impresión digital del ciudadano.


Un Registro o Padrón Electoral Unico e Informatizado.


La inscripción automática de todos los ciudadanos-electores, ya sea residentes en Chile o en el extranjero, daría origen a un nuevo Padrón Electoral Unico e Informatizado, administrado por el Servicio Electoral.  Con el nuevo sistema de inscripción propuesto, bastará la Cédula de Identidad vigente como documento que permite ejercer el derecho a sufragio, la cual puede ser verificada en cada centro de votación por el propio Registro Civil.
Pero, además, existiendo un Padrón Electoral Unico e Informatizado, los electores que se encuentren fuera de su distrito de domicilio, podrán sufragar en cualesquiera mesa receptora de sufragios del país, presentando su Cédula de Identidad vigente, con lo cual se elimina la justificación por ausencia a más de 200 kilómetros del lugar de votación.

Sufragio de ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.
Postulamos que todos los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero, mayores de 18 años, se incorporen automáticamente al registro electoral y tengan acceso a las elecciones parlamentarias y presidenciales, mediante el derecho a sufragar en las respectivas embajadas y consulados.
Información previa a los electores  El Servicio Electoral difundirá durante los últimos treinta días de la campaña respectiva y hasta el día anterior a la elección por todos los medios de comunicación social (emisoras, prensa escrita, televisión) de circulación nacional, regional y local, información detallada y explícita sobre los locales de votación, normas y procedimientos electorales.

Una norma de la nueva ley, fijará restricciones a la publicación previa de encuestas u otros sondeos de opinión e intención de votos, a lo menos diez días antes de la elección respectiva.
Propaganda electoral Existirá libertad para el ejercicio del derecho a realizar propaganda a través de los medios de comunicación, desde los 90 días anteriores y hasta 48 horas antes del día de la elección. 

Las cadenas de televisión nacionales otorgarán espacios de propaganda a todos los partidos, bloques de partidos y candidaturas independientes, repartiendo tiempos iguales a todas las postulaciones durante estas emisiones diarias, dando forma a una “franja televisiva” que se transmitirá los últimos treinta días y hasta 48 horas antes del día de la elección.
 

Financiamiento electoral 


La norma respectiva establecerá límites al gasto electoral previo a las elecciones, regulará las donaciones dirigidas a las campañas, provenientes de fuentes corporativas, nacionales o internacionales, las que deberán contabilizadas por las respectivas campañas, candidaturas, partidos o bloques de partidos y, por lo tanto, sometidas al control y supervisión del Servicio de Impuestos Internos.

Cada campaña electoral deberá llevar una contabilidad. 

Los gastos en que incurran cada candidatura y campaña, serán afectos a un impuesto –que será fijado por ley- y por lo tanto, el conjunto de la contabilidad electoral será controlada por el Servicio de Impuestos Internos.
El Servicio de Impuestos Internos al término de cada elección, transmitirá al Servicio Electoral la información detallada de los gastos electorales realizados por todas las candidaturas, la que será publicada 30 días después del acto eleccionario respectivo, en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional.
Logística electoral Técnicamente el propósito básico de la logística electoral es garantizar que se lleve a cabo con integridad y equidad para todos los votantes y que sea consistente en todos los locales de votación, de manera que los asuntos centrales del esquema reglamentario de la votación estén claramente definidos en la legislación. El equilibrio entre las restricciones legales y reglamentarias y aquellos tópicos que pueden quedar sujetos a la decisión operativa del organismo electoral, es una decisión del legislador.
Particularmente en aquellas situaciones donde el control administrativo de las elecciones esté fragmentado, sujeto a una potencial influencia política o sea inexperto, porque los participantes en el sistema desconozcan su técnica de funcionamiento, se hará necesario que la legislación desarrolle con mayor detalle la logística electoral.


Proceso electoral en detalle


En el proceso previo a los comicios. Los locales de votación y cada una de las mesas receptoras de sufragios serán habilitados con terminales computacionales, que permiten acceder al Padrón Electoral y al Registro Civil e Identificación. Este servicio dispondrá además, de mesas de consulta en cada local de votación, con terminales que permitan verificar la vigencia de las Cédulas de Identidad y resolver las dificultades presentadas.

En las mesas receptoras de sufragios.
Concebimos que en cada mesa receptora de sufragios, el Presidente de la mesa dispondrá de un terminal computacional conectado con el Padrón Electoral Unico e Informatizado y con el Registro Civil e Identificación, donde puede verificar la vigencia del respectivo derecho a sufragio del elector y  de su Cédula de Identidad.

Todos los integrantes de las mesas receptoras de sufragios serán designados por sorteo aleatorio por el Servicio Electoral, a lo menos noventa días antes de la elección, recibirán una adecuada y oportuna capacitación y sus funciones serán pagadas por el Estado.

Cada terminal computacional por mesa receptora de sufragios, dispondrá de conexión en línea con un servidor central del Servicio Electoral, desde la hora de cierre de la mesa, para transmitir y guardar los resultados obtenidos.  Por este medio también, cada mesa producirá una de las dos Actas oficiales de los resultados.

Control de los locales de votación En el nuevo sistema, el control y gestión del funcionamiento de los locales de votación estará a cargo exclusivamente de personal del Servicio Electoral.  Aún así, el personal del Servicio Electoral estará facultado para requerir la acción de la fuerza pública en caso de desórdenes al interior de los locales de votación.

Desaparece así el control ejercido por las Fuerzas Armadas en el proceso electoral. 
La fuerza policial conservará sus roles de controlar y administrar la circulación vehicular en las vías de acceso a los locales de votación, y de ejercer la acción pública necesaria para mantener el orden dentro de los recintos de votación, a requerimiento del Presidente de una Mesa o del ministro de fé del Servicio Electoral.
Mesas únicas receptoras de sufragios Las mesas receptoras de sufragios funcionarán 8 horas el día de las elecciones.
Los electores concurren a los recintos pre-establecidos  y a mesas receptoras de sufragios únicas (desaparecen las mesas receptoras separadas para  varones y mujeres), donde mediante presentación de su Cédula de Identidad, confirman la vigencia de su inscripción y de éste documento.
Observación independiente del proceso electoral El sistema debe garantizar el acceso libre e informado a una observación independiente del proceso electoral.

Las actividades de observación realizadas por grupos independientes, ya sea que estén patrocinados local o internacionalmente, y el monitoreo del proceso electoral efectuado por representantes de los partidos y candidatos contendientes, ayuda a la transparencia de la logística electoral y también puede contribuir a identificar errores, omisiones e inequidades en los esquemas de votación y en su instrumentación, lo que en definitiva redundará en un beneficio que permita perfeccionar el sistema electoral.

La finalidad esencial de la observación independiente del proceso electoral, es supervigilar y garantizar la máxima transparencia y confiabilidad en a lo menos tres momentos cruciales del proceso: la organización y logística electoral previa,  el escrutinio de los sufragios emitidos y la información con los resultados obtenidos.

Proponemos que se regulen los procesos y actividades de observación electoral a fin de que estos se ordenen para:

a) determinar los objetivos, alcances y planes de observación;
b) definir los requisitos para seleccionar al personal;
c) planear y definir la estructura de los grupos de observación, así como las actividades y localidades sujetas a observación, para proveer resultados más confiables y relevantes sobre la observación;
d) asegurar que los observadores estén suficientemente capacitados y que haya un claro entendimiento por parte de los participantes políticos, los administradores de la elección y del gobierno, sobre los derechos y responsabilidades de los observadores;
e) brindar apoyo logístico y administrativo a los grupos de observación para que estén en condiciones de operar con efectividad.


Procedimientos de votación 


Algunos de los requisitos básicos para los procedimientos de votación son:

a) que sean lo suficientemente sencillos y comprensibles para que los entiendan todos los electores;
b) que ofrezcan una adecuada accesibilidad a todos los electores registrados;
c) que resulten plenamente confiables y proporcionen la integridad suficiente para soportar impugnaciones.

 Además de los procedimientos de votación ordinarios que se instrumenten el día de la jornada electoral, la utilización de medios alternativos especiales de votación puede apoyar y fomentar la participación de electores que, por ejemplo, se encuentren fuera de su distrito electoral o lugar de registro el día de la votación, estén enfermos, estén discapacitados o vivan en áreas remotas.

En síntesis, los procedimientos de votación siendo regulados legal y reglamentariamente, deben apuntar a que sean accesibles para el votante y eficientes para el proceso de escrutinio. La igualdad, integridad, accesibilidad y niveles de servicio de los procesos electorales estarán en gran medida determinados por el rango de métodos de votación puestos a disposición de los electores y los procedimientos de controles establecidos.

Uno de los principales retos que se presentan al proponer métodos y procedimientos de votación es el de asegurar que todas los electores registrados tengan igual oportunidad de participar en la votación, sin importar cual sea su ubicación geográfica, su género o clase, su nivel de alfabetización, su ocupación o su condición física.


El concepto de la votación ordinarial.


Todos los electores -residentes en Chile o en el extranjero- emitirán su voto solo el día de la jornada electoral  en la mesa correspondiente al distrito electoral en el que están registrados para votar.  

La normativa sobre los procedimientos de votación deben incluir a lo menos los siguientes elementos:

a) requisitos del sistema electoral -sobre el tipo y formato de las papeletas y el método para indicar a su candidato o candidatos preferidos;
b) requisitos de integridad -para prevenir el fraude electoral, mediante medidas para combatir intentos de votación múltiple, suplantación y llenado de las urnas.
c) requisitos de servicio -para promover un proceso en la mesa de votación que sea fácilmente comprensible, ordenado, rápido y preciso.
d) requisitos de costo-efectividad -para seleccionar personal, instalaciones, materiales y modelos de equipamiento que mejoren la eficiencia en la atención y despacho de los electores.

Postulamos que básicamente se continúe votando mediante sufragio impreso, de manera que se aplique el principio de “un elector – un sufragio”, en recintos de votación establecidos con anticipación y mesas receptoras de sufragios únicas.

Los electores, confirmados su Cédula de Identidad e inscripción, reciben el o los sufragios a emitir, concurren a una cámara secreta y a continuación sufragan en una urna.
Recuento, verificación y ratificación de resultados El recuento de votos en cada mesa, se realizará en presencia de un funcionario del Servicio Electoral quién actuará como ministro de fe.
El Presidente de la mesa o el Ministro de Fe del Servicio Electoral podrán requerir la presencia o la acción de la fuerza pública para garantizar que el recuento se realice en forma normal y expedita.

Cada mesa receptora de sufragios, junto con realizar el recuento de votos, mediante procedimiento de conteo manual y en voz alta, verificará si es necesario un segundo recuento para confirmar los resultados, para lo cual producirá un Acta digitalizada computacionalmente, mediante la cual transmitirá los resultados al servidor central del Servicio Electoral. 
Un Acta realizada manualmente y firmada por todos los integrantes de la mesa, constituirá un respaldo adicional y validado de los resultados, documento que se transmitirá al Servicio Electoral.
Cada una de las actas contendrá la identificación de los integrantes de la mesa, el número total de electores que sufragaron en ella, los resultados pormenorizados por candidatos, partidos, bloques, pactos y subpactos, los votos observados y objetados y las observaciones que deseen anotar los vocales u otro integrante de la mesa.

Publicación de los resultados El Servicio Electoral a nivel nacional y sus dependencias a nivel regional serán el único órgano legalmente facultado para publicar los resultados de las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.
El Servicio Electoral deberá publicar clara y oportunamente la totalidad de los resultados de los respectivos procesos electorales el mismo día de la elección, hasta un porcentaje no menor del 90% de los cómputos.  

En este caso, deberá publicar los resultados del 100% de los cómputos en las siguientes 24 horas de efectuados los comicios.  
El Tribunal Calificador de Elecciones, a su vez, será el órgano encargado de revisar, corregir o ratificar los resultados finales, resolviendo  las apelaciones y reclamos, y deberá transmitir dichos resultados al Servicio Electoral para su publicación definitiva, dentro de los siguientes sesenta días después de la elección respectiva. 
 

 

PROYECTO DE LEY DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE SOBRE NUEVO SISTEMA ELECTORAL

INTRODUCCION


El sistema electoral impuesto por la dictadura y las normas constitucionales que lo fundan no pueden ni deben continuar. Son factores que han contribuido a la degradación y desprestigio de la actividad política y constituye, por tanto, un riesgo para la permanencia de los insuficientes logros democráticos. La permanencia del sistema binominal obstaculiza la profundización de la democracia que nuestro país requiere.


El sistema binominal niega la igualdad de los ciudadanos en la formación de los cuerpos representativos. El diseño de distritos armado por los ideólogos de la dictadura ha creado diferencias de representatividad de hasta 800% (caso Puente Alto o Maipú comparado con Aysén) en condiciones que en países como Francia o Alemania el diferencial no puede ser superior al 20% o 33% respectivamente.
La discriminación se impone también según el origen social de los ciudadanos. Se ha impuesto en rango constitucional la norma que impide a los dirigentes sindicales o vecinales ser candidatos a parlamentarios. No así ser dirigente empresarial.
Se coloca asimismo la exigencia de enseñanza media completa como requisito de inscripción de candidaturas en condiciones que el país no ha creado aún un sistema que garantice a todos los chilenos ese nivel de educación. Valiosas personas, que no pudieron hacer tales estudios sistemáticos, llegaron al Parlamento e hicieron grandes contribuciones al poder legislativo sin tener este requisito.
Otra forma de discriminación arbitraria es la exigencia de 21 años para ser electo diputado. Si para imputabilidad penal se ha rebajado la edad a 14 años y para ejercer derechos y deberes de ciudadanía se establece en 18 años, lo razonable es que los jóvenes deben disponer del derecho a ser electos diputados desde que adquieren la calidad de ciudadanos.
Es también un factor de discriminación la forma de inscripción electoral. No puede postergarse más la inscripción automática ni el voto a los chilenos residentes en el extranjero.

Asunto insoslayable es del Financiamiento, Transparencia y Control de los gastos Electorales. Es una evidencia que el cohecho, el maridaje corrupto entre política y dinero, se ha reinstalado en la política chilena. El uso de los recursos es determinante en los resultados. Está a la vista que los enunciados y propósitos de la Ley actual son letra muerta. No existe transparencia efectiva del gasto real en que incurren la derecha y la Concertación en sus campañas electorales ni tampoco de donde provienen los fondos millonarios con que cuentan. La correlación entre gasto electoral y Producto Interno Bruto es en Chile abrumadoramente mayor que en todo otro país.
El Estado debe garantizar el voto informado y evitar las presiones indebidas sobre los votantes y para ello se deben adoptar sistemas de información y formación cívica que den igual acceso a todas las corrientes políticas.
La incorporación de nuevas formas de ejercicio de la soberanía popular que avancen a formas de democracia participativa y directa es necesaria. En ese campo las Consultas Populares y los Plebiscitos deben ser incorporados efectivamente en nuestra legislación.
Es claro entonces que una reforma efectivamente democrática del Sistema Electoral demanda cambios muy de fondo y parte por la Constitución. No basta solo modificar el número de Diputados y Senadores y su modo de ser electos. La perspectiva del cambio debe colocar como objetivo una nueva Constitución para avanzar hacia el bien común de la Nación.
No obstante, un primer paso es el diseño de un nuevo sistema electoral.

Nuestra propuesta considera un sistema electoral que garantice la efectiva representación de la ciudadanía sobre la base de un ciudadano o ciudadana un voto de igual equivalencia. Esta equivalencia no podrá ser absoluta pero tampoco podrá tener la extrema inequidad que impone el sistema binominal actualmente en práctica como lo hemos señalado.
Nuestra propuesta considera el rol de las regiones y asume los negativos efectos del centralismo imperante. Por ello este proyecto de Ley plantea la adecuada representación de las regiones que se expresará con un peso mayor en el Senado, forma que consideró siempre el sistema electoral chileno.

Para la conformación de las”Unidades territoriales electorales”, es decir, distritos o circunscripciones se debe tener en cuenta las entidades político administrativas, con continuidad geográfica, respetando su integridad; deben ser lo mas homogéneas posible desde distintos aspectos, deseablemente de similares densidades poblacionales, y constituirse en base a la racionalidad, evitando todo tipo de arbitrariedad.
La forma de repartir escaños debe ser plurinominal y proporcional a los habitantes o electores.


MOCION
PROYECTO DE LEY QUE REFORMA LA LEY 18.700 ORGANICA
CONSTITUCIONAL SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS

CONSIDERANDO:


Que sectores de la sociedad civil y por tanto, vastos sectores populares, se encuentran excluidos injustamente de ejercer el legítimo derecho de ser representados en el Poder Legislativo, en forma proporcional a su fuerza electoral.

Que la Ley Electoral Binominal es el instrumento que el Estado normado por la Constitución impuesta en 1980 usa para ejercer este trato injusto hacia nuestro Partido y otras fuerzas políticas y sociales

Que esta Ley permanece por la voluntad de quienes en este Parlamento se han perpetuado durante quince años en una concepción antidemocrática de convivencia nacional.

Hace años, la Presidenta del PC en ese entonces, Gladys Marín, presentó ante la Cámara de Diputados, una propuesta de sistema electoral proporcional, que nunca tuvo respuesta.

La exigencia para terminar ahora con el sistema electoral binominal y cambiarlo por uno que de garantías a todos los partidos políticos para estar representados en el Parlamento y a todos los ciudadanos para elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones se ha convertido en un clamor ampliamente mayoritario.

El respaldo que le otorgan a esta justa petición de reforma electoral, las principales organizaciones sindicales del país, encabezadas por la CUT y las organizaciones de derechos humanos, así como federaciones estudiantiles, instituciones culturales, innumerables organizaciones sociales de base de mujeres, de la diversidad étnica y sexual, organizaciones de jubilados, pensionados y de la tercera edad, entidades académicas y religiosas, personalidades del mundo de la cultura y la intelectualidad, así lo confirma

Junto a la reforma de esta ley, es preciso que el Congreso considere prontamente la aprobación de la inscripción electoral automática, el derecho a voto de los chilenos que se encuentran en el exterior, que se levante la prohibición para que puedan postular al Congreso los dirigentes sindicales y vecinales y que se les devuelvan sus derechos ciudadanos a todos aquellos que se les ha quitado por efecto de condenas de tribunales militares o por condenas de carácter político.

Leyes de esta naturaleza significarían un inmenso avance democrático. En concordancia con estas razones proponemos que el Parlamento apruebe el siguiente Proyecto de Ley:

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1º .- REEMPLÁZASE EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 4º POR EL SIGUIENTE:

ARTICULO 4º Las declaraciones de candidaturas a Senadores o Diputados que presenten los partidos políticos o los pactos electorales, podrán incluir tantos candidatos por circunscripción senatorial o distrito electoral como los que corresponda elegir en cada uno de ellos.
ARTÍCULO 2 º REEMPLÁZASE EL ARTÍCULO 178 POR EL SIGUIENTE:
ARTICULO 178º Para la elección de los miembros de la Cámara de Diputados, cada región constituirá un distrito con las excepciones que la ley señale. Cada región, excepto la Región Metropolitana, elegirá tres diputados de base mas uno por cada 130.000 habitantes o fracción superior a 65.000 cuando los habitantes sean mas de 130.000. Los distritos de la Región Metropolitana elegirán en proporción a su población.
Para los efectos del inciso anterior, el Servicio Electoral determinará de acuerdo al último censo el número de diputados a elegir por distrito en la forma proporcional a la población definida en el inciso anterior de modo tal que el número total de diputados a ser electos sea 150. La nueva distribución elaborada por el Servicio Electoral podrá ser observada ante el Tribunal Calificador de Elecciones.
ARTÍCULO 3º REEMPLÁZASE EL ARTÍCULO 179 POR EL SIGUIENTE:
ARTICULO 179º Los distritos electorales serán los siguientes:
1er. DISTRITO, constituido por las comunas de Arica, Camarones, Putre, General Lagos, Alto Hospicio, Iquique, Huara, Camiña, Colchane, Pica y Pozo Almonte, pertenecientes a la 1ª Región, que elegirá 6 diputados;
2º. DISTRITO, constituido por las comunas Tocopilla, María Elena, Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Tal-Tal, pertenecientes a la 2ª Región, que elegirá 7 diputados;
3er DISTRITO, constituido por las comunas de Chañaral, Diego de Almagro, Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen, pertenecientes a la 3ª Región, que elegirá 5 diputados;
4º DISTRITO, constituido por las comunas de La Serena, La Higuera, Andacollo, Vicuña, Paihuano, Coquimbo, Ovalle, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui, Illapel, Salamanca, Los Vilos y Canela, pertenecientes a la 4ª Región, que elegirá 8 diputados;
5º DISTRITO, constituido por las comunas de La Ligua, Petorca, Cabildo, Zapallar, Papudo, de la provincia de Petorca, San Felipe, Putaendo, Santa María, Panquehue, Llay Llay, Catemu, de la provincia de San Felipe, Los Andes, San, Esteban, Calle Larga, Rinconada,de la provincia de Los Andes, Quillota, La Cruz, Calera, Nogales, Hijuelas, Limache, Olmué, de la provincia de Quillota, pertenecientes a la 5ª Región, que elegirá 6 diputados;
6º DISTRITO, constituido por las comunas de Puchuncaví, Quintero, Concón, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Casablanca, Juan Fernández, de la provincia de Valparaíso, Algarrobo, El Tabo, El Quisco, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo, de la provincia de San Antonio e Isla de Pascua, pertenecientes a la 5ª Región, que elegirá 9 diputados;
7º. DISTRITO, constituido por las comunas Santiago, Independencia, Recoleta, Conchalí, Huechuraba, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea pertenecientes a la Región Metropolitana, que elegirá 8diputados;
8º. DISTRITO, constituido por las comunas de Estación Central, Quinta Normal, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, Quilicura, Colina Lampa y Tiltil, pertenecientes a la R.M., que elegirá 8 diputados.
9º DISTRITO, constituido por las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Reina, Peñalolen y La Florida, pertenecientes a la R.M. que elegirá 8 diputados.
10º DISTRITO, constituido por las comunas de Maipú, Cerrillos, Lo Espejo y las que integran las provincias de Talagante y Melipilla, pertenecientes al a R.M. que elegirán 8 diputados.
11º DISTRITO, constituido por las comunas de PAC, San Miguel, San Joaquin, La Granja, La Cisterna, El Bosque y las que integran la Provincia de Maipo, pertenecientes a la R.M., que elegirán 8 diputados.
12º DISTRITO, constituido por las comunas de Puente Alto, La Pintana, San Ramón y las que integran la provincia Cordillera, pertenecientes al R.M., que elegirán 6 diputados.
13º DISTRITO, constituido por las comunas de Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí Olivar, Requínoa, Rengo, Malloa, Quinta de Tilcoco, Coltauco, Coínco, Doñihue, San Vicente, Pichidegua, Peumo, las Cabras, San Fernando, Chimbarongo, Placilla, Nancahua, Chépica, Santa Cruz, Lolol, Pumanque, Palmilla, Peralillo, Pichilemu, Navidad, Litueche, La Estrella, Marchihue, Paredones pertenecientes a la 6ª Región, que elegirá 9 diputados;
14º DISTRITO, constituido por las comunas de Curicó, Teno, Romeral, Molina, Sagrada Familia, Hualañé, Licantén, Vichuquén, Rauco, Talca, Pelarco, Río Claro, San Clemente, Maule, Empedrado, Pencahue, Constitución, Curepto, San Rafael, Linares, Yerbas Buenas, Colbún, Villa Alegre, San Javier, Longaví, Parral, Retiro, Cauquenes, Pelluhue, Chanco, pertenecientes a la 7ª Región, que elegirá 9 diputados;
15º DISTRITO, constituido por las comunas que integran las provincia de Ñuble y Bío Bío pertenecientes a la la 8ª Región, esto es las comunas de San Carlos, Ñiquén, San Fabián, Bulnes, Quillón, Ranquil, Portezuelo, Coelemu, Treguaco, Cobquecura, Quirihue, Ninhue, San Nicolás, Cabrero, Yumbel, Chillán, Coihueco, Pinto, San Ignacio, El Carmen, Yungay, Pemuco, Chillán Viejo, Los Angeles, Tucapel, Antuco, Quilleco, Santa Barbara, Quilaco, Mulchén, Negrete, Nacimiento, Laja, San Rosendo, Alto Biobío, que elegirá 7 diputados
16º DISTRITO constituido por las comunas que integran las provincias de Concepción y Arauco, pertenecientes ala 8ª Región esto es, las comunas de Talcahuano, Hualpén Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Penco, Tomé, Florida, Hualqui, Santa Juana, Coronel, Lota, Lebu, Arauco, Curanilahue, Los Alamos, Cañete, Contulmo, Tirúa, que elegirá 10 diputados;
17º DISTRITO, constituido por las comunas de Angol, Renaico, Collipulli, Ercilla, Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Lonquimay, Curacautín Victoría, Lautaro, Perquenco, Vilcún, Melipeuco, Galvarino, Temuco, Padre de las Casas, Pitrufquén, Teodoro Schmidt, Saavedra, Carahue, Nueva Imperial, Cholchol, Cunco, Curarrehue, , Pucón, Villa Rica, Gorbea, Loncoche, Toltén, pertenecientes a la 9ª Región, que elegirá 10 diputados;
18º DISTRITO, constituido por las comunas de Valdivia, Mariquina. Lanco, Corral, Máfil, Los Lagos, Futrono, Panguipulli, la Unión, Paillaco, Río Bueno, Lago Ranco, Osorno, San Pablo, San Juan de la Costa, Puyehue, Puerto Octay, Purranque, Río Negro, Puerto Varas, Los Muermos, Fresia, Llanquihue, Frutillar, Puerto Montt, Cochamó, Calbuco, Maullin, Castro, Ancud, Quenchi, Dalcahue, Curaco de Veléz, Quinchao, Puqueldón, Chonchi, Queilén, Quellón, Chaitén, Huaraihue, Futaleufú, Palena, pertenecientes a la 10ª Región, que elegirá 11 diputados;
19º. DISTRITO, constituido por las comunas de Coihaique , Lago Verde, Aysén, Cisnes, Guaitecas, Chile Chico, Río Ibáñez, Cochrane, O”Higgins, Tortel, pertenecientes a la 11ª Región, que elegirá 3 diputados;
20º DISTRITO, constituido por las comunas de Natales, Torres del Paine, Punta Arenas, Río Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Porvenir, Primavera, Timaukel, Cabo de Hornos, Antártica pertenecientes a la 12ª Región, que elegirá 4 diputados;
ARTÍCULO 4º SUPRÍMESE EL ARTICULO 180
ARTICULO 5 º REEMPLÁZASE EL ARTÍCULO 181 POR EL SIGUIENTE:
ARTICULO 181º Para la elección de los miembros del Senado, las circunscripciones senatoriales serán las siguientes:
1ª. CIRCUNSCRIPCIÓN, constituida por la I Región, de Tarapacá y por la II Región, de Antofagasta que elegirá 5 senadores
2ª . CIRCUNSCRIPCIÓN, constituida por la III Región, de Atacama y por la IV Región, de Coquimbo que elegirá 5 senadores
3ª . CIRCUNSCRIPCIÓN, constituida por la V Región, de Valparaíso, que elegirá 5 senadores.
4ª . CIRCUNSCRIPCIÓN, constituida por el sector Oriente de la Región Metropolitana de Santiago que elegirá 5 senadores;
5ª. CIRCUNSCRIPCIÓN, constituida por el sector Poniente de las región Metropolitana que elegirá 5 senadores
6ª CIRCUNSCRIPCIÓN, constituída por la VI Región, del Libertador General Bernardo O’Higgins y la VII Región, del Maule, que elegirá 5 senadores
7ª . CIRCUNSCRIPCIÓN, constituida por la VIII Región, del Bio Bío que elegirá 5 senadores;
8ª . CIRCUNSCRIPCIÓN, constituida por la IX Región, de La Araucanía y la X Región, de Los Lagos, que elegirá 5 senadores-
9ª . CIRCUNSCRIPCIÓN, constituida por la XI Región, Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, y por la XII Región, de Magallanes y de la Antártica Chilena, que elegirá 5 senadores.

 

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA MODIFICAR SISTEMA ELECTORAL

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE BASES PARA UN NUEVO SISTEMA ELECTORAL.
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SANTIAGO, junio 9 de 2006


MENSAJE Nº 142-354/


Honorable Senado:
A S.E. EL
PRESIDENTE
DEL    H.
SENADO.

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de reforma constitucional que, por una parte, establece las bases constitucionales para que la ley diseñe un sistema electoral y, por otra, elimina una prohibición que hoy afecta a las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal para ser candidatos a parlamentarios.

I. ANTECEDENTES.

1. Compromiso de campaña.
El programa de Gobierno con el que fui electa, y que recibió el apoyo ciudadano, contempla expresos compromisos en materia electoral. En primer lugar, el compromiso de modificar el sistema binominal. Es necesario un sistema electoral que asegure competitividad, representatividad y gobernabilidad. En segundo lugar, está el compromiso a que la inscripción electoral sea automática, pues más de dos millones de chilenos en edad de votar no están ejerciendo su derecho a voto. Nuestro sistema de inscripción no incentiva el ejercicio de este derecho. En tercer lugar, el compromiso a darle voto a los chilenos en el extranjero. Si queremos una sociedad más justa, diversa e integradora, debemos incorporar a nuestros compatriotas en el extranjero. Finalmente, el compromiso de abrirle espacios a la participación de la mujer en política.
Mediante el presente proyecto de reforma constitucional, el Gobierno da cumplimiento al primero y último de estos tres compromisos.
En relación a los otros dos compromisos, se encuentra listo para votarse en la Sala de la Cámara, el proyecto de ley que establece la inscripción automática. Y la semana recién pasada, se calificó con simple urgencia una moción de un grupo de parlamentarios que permite la votación de chilenos en el exterior.

2. Comisión Boeninger.
En las primeras 36 medidas de mi Gobierno, expresamente se encuentra contemplada la reforma al sistema binominal.
El 3 de abril del presente año, el Ministerio del Interior designó un grupo de trabajo para la reforma electoral. Se trató de un grupo técnico, presidido por el ex senador Edgardo Boeninger, cuyo objetivo fue presentar al Gobierno un conjunto de alternativas para la configuración de un nuevo sistema electoral. El grupo de trabajo entregó sus sugerencias el viernes 9 de junio.
Dichas sugerencias implican dos tipos de cambios normativos. De un lado, es necesario modificar la Constitución en algunas de sus disposiciones. Del otro, es necesario un cambio a las leyes Nº 18.700, 18.603 y 19.884.
La presente reforma constitucional materializa los cambios que en la Carta Fundamental se necesitan para avanzar en el diseño del sistema electoral.

3. Un nuevo contexto.
Es claro que no es la primera vez que el Congreso va a conocer de una reforma a la Constitución en materia electoral. Todos los gobiernos de la Concertación han intentado cambiar el sistema electoral binominal.
En efecto, lo hizo el Presidente Aylwin, en junio de 1992. Luego, lo intentó el Presidente Frei, en noviembre de 1997. En el año 2005, el Presidente Lagos también buscó cambiar el sistema binominal. Los tres no lo lograron, pues la oposición no dio su consentimiento.
En las recientes reformas constitucionales, sin embargo, se logró avanzar en la supresión de los senadores designados y vitalicios y en sacar de la Constitución el sistema electoral, el cual se entregó a una ley orgánica especial, que requiere el voto conforme de los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, no de los 4/7 que es la regla general en este tipo de leyes.
Incluso el Presidente Lagos envió un proyecto de reforma constitucional, en diciembre del 2005, con el objeto de establecer un principio proporcional y representativo en el sistema electoral.
Dicho proyecto no logró el quórum necesario en la Cámara de Diputados. El Presidente hizo uso de la facultad que le otorga el artículo 68 para llevar el proyecto a la otra Cámara, para que éste insistiera.
La oposición utilizó su mayoría tanto en la Comisión de Constitución como en la Sala y declaró que el ejercicio de esta potestad era improcedente en materias constitucionales.
A raíz de ello, un grupo de senadores pidió un pronunciamiento al Tribunal Constitucional. Este sostuvo que era procedente el ejercicio de la facultad presidencial.
Durante el debate de este proyecto la oposición esgrimió tres tipos de argumentos, que es necesario recordar aquí.
En primer lugar, alegó que el proyecto era inoportuno, porque se presentaba en medio de un proceso electoral. En segundo lugar, se alegó que el Gobierno no tenía una propuesta de diseño del régimen electoral que quería proponer. En tercer lugar, sostuvo que se rompía el pacto logrado en las reformas constitucionales en el sentido de sacar cualquier referencia al sistema electoral en la Constitución.
Estos argumentos ya no existen en esta oportunidad. Desde luego, el proceso electoral ya culminó. La ciudadanía optó por una candidatura que tenía en su programa de Gobierno la reforma al sistema electoral. Desde este punto de vista, la reforma que proponemos no hace más que materializar la voluntad de las personas que expresaron su apoyo tanto en primera como en segunda vuelta al actual Gobierno.
En segundo lugar, la Comisión Boeninger hizo una propuesta concreta de reforma al sistema electoral. Dicha propuesta la acompañamos a este cambio a la Constitución. Como no se pueden tramitar conjuntamente cambios legales que suponen una reforma constitucional, sólo podemos darla a conocer y no ingresarla como proyecto. Pero ya no se puede alegar que la reforma constitucional es un salto al vacío, porque no tiene una propuesta concreta que la respalde. Lo que se debe discutir ahora es la reforma, no el régimen.
En tercer lugar, no estamos rompiendo ningún pacto. Por de pronto, porque el hecho de haber sacado de la Constitución el sistema electoral no significó una renuncia a cambiarlo. Enseguida, es necesario plantear la reforma porque mientras el número de senadores quedó en la Constitución abierto, pudiendo la ley determinarlos, respecto de los diputados eso no ocurrió. El artículo 47 señala que hay 120 diputados. Eso significa que cualquier reforma legal, se tiene que hacer teniendo como camisa de fuerza ese número. Nuestra propuesta de cambio al sistema binominal implica un aumento de diputados. Por eso, es inevitable eliminar ese número y dejar, igual que para los senadores, abierta esta materia, para que el legislador la defina. A continuación, nosotros queremos que haya ciertos principios orientadores para el legislador que debe establecer el sistema. Por eso, proponemos la proporcionalidad, para asegurar la vinculación entre la votación obtenida y los electos; y la representatividad, para asegurar la representación de las regiones. Eso sólo lo puede hacer la Constitución. Finalmente, todo el marco relativo al sistema electoral está en la Constitución, en el artículo 18. Este obliga a respetar a los independientes y en la disposición decimotercera transitoria, que establece lo que el sistema electoral debe abordar. Lo que salió de la Constitución con la reforma recién aprobada, es el sistema electoral, pero nada impide que puedan establecerse en ella principios orientadores.
Por lo tanto, ninguna de las tres razones que se esgrimieron en el debate de enero de 2006, permanece. Ya no hay excusas para entrar al fondo del problema.

II. LOS SISTEMAS ELECTORALES.

1. Aspectos generales.
Los sistemas electorales son métodos que permiten distribuir los escaños de acuerdo a los votos obtenidos por los candidatos.
La literatura especializada señala que hay dos sistemas teóricos. En primer lugar, se encuentra el sistema mayoritario. En él, la decisión de quiénes son candidatos se determina en función de la mayoría de la votación. En este sistema los votos obtenidos por el candidato vencido, son votos perdidos. Los votos se valoran a favor de quien obtuvo más preferencias.
En segundo lugar, se encuentran los sistemas proporcionales. En estos, la elección de cargos se logra haciendo coincidir lo más posible el número de electos con las votaciones obtenidas por todos los candidatos. En este sistema, los candidatos que obtienen menos votos tienen la posibilidad de ser electos.
A su vez, la literatura indica que cuando se organiza una elección, los electores son agrupados territorialmente en colegios. Estos pueden ser de tres tipos. Por de pronto, está el colegio uninominal. Aquí los inscritos se agrupan en número de circunscripciones o distritos coincidentes con el de cargos por llenar, de manera que en cada agrupación se elige para un solo puesto. Enseguida, está el colegio único. Aquí el cuerpo ciudadano forma una sola circunscripción o distrito, de modo que el sufragante es llamado a pronunciarse sobre el número total de personas que deban ocupar los cargos que se trata de proveer. Finalmente, se encuentra la fórmula del colegio plurinominal. Aquí el electorado debe elegir a varias personas, por lo que el territorio nacional se agrupa en varias circunscripciones o distritos, de forma tal que en cada uno de estos lugares se escogen varios representantes en número igual o diferente.
Las legislaciones que regulan los sistemas electorales combinan ambos factores.

2. Evolución histórica de nuestro sistema electoral.
Bajo la Constitución de 1833, hubo dos sistemas electorales para elegir parlamentarios. El primero rigió hasta 1874; el segundo entre ese año y 1925. Durante la primera época se aplicó el sistema de “lista completa”. Resultaban electos los candidatos que integraban la lista que obtuviera el mayor número de votos. En 1874 se reformó el sistema y se implantó el denominado “voto acumulativo” para los diputados, manteniendo el de lista completa para senadores y el de electores para el Presidente. En el sistema de voto acumulativo, los electores disponían de tantos votos como cargos a llenar, pudiendo distribuirlos en la forma que estimaran conveniente. Los electos eran quienes obtenían las más altas mayorías individuales.
La Constitución de 1925 estableció un principio general, que la ley diseñara un sistema “que de por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos”. La ley estableció para las elecciones de diputados y senadores un sistema de representación proporcional, de cifra repartidora D’Hondt.
La Constitución de 1980 estableció que la Cámara de Diputados estaba compuesta por 120 miembros, elegidos en votación directa por los distritos electorales que estableciera la ley orgánica respectiva. El Senado, por su parte, se integraba por miembros elegidos y miembros no electos. Los elegidos en votación directa lo eran por cada una de las trece regiones del país, correspondiéndole a cada región elegir dos.

3. Antecedentes sobre el binominal.
Durante la elaboración de la Carta, la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, rechazó el sistema proporcional. Argumentó que dividía las opiniones y los partidos, contribuía a la proliferación de éstos, los transformaba en cauces monopólicos de la expresión ciudadana. Consecuente con esta visión, para la Cámara propuso que se debía emplear un procedimiento que diera por resultado una efectiva expresión de las mayorías, a través de colegios electorales múltiples, uninominales o plurinominales. Estaba compuesto de 150 miembros elegidos en votación directa. El Senado, en tanto, tenía treinta miembros en votación directa en colegio electoral único para todo el país. Para la elección se establecería un sistema de voto múltiple no acumulativo, resultando electos los candidatos que obtuvieran las más altas mayorías individuales.
El Consejo de Estado, por su parte, redujo los miembros a 120, elegidos en votación directa, por el número igual de distritos electorales que estableciera la ley orgánica, de forma que cada distrito eligiera un diputado. En materia de senadores, propuso que se integrara con miembros elegidos en votación directa, por cada una de las trece regiones. A cada región, le correspondía elegir dos senadores, salvo la quinta y octava, que debían elegir tres cada una, y la Metropolitana, que elegía seis. El Senado, por lo tanto, tenía 32 senadores electos. Dentro de cada lista, resultaban electos quienes hubieran obtenido las más altas mayorías individuales, previa aplicación del sistema de cifra repartidora.
El sistema binominal fue concebido en la denominada “Comisión Fernández” o “Comisión de Estudios de Leyes Orgánicas Constitucionales”. El ex senador Sergio Fernández reconoció que el sistema binominal fue una idea suya, que buscó, por una parte, obtener mayorías estables; por la otra, evitar un cambio total de todo lo que había hecho el Gobierno militar.
A la Junta Militar le pareció la idea de que el sistema proporcional no era bueno, porque fomentaba el multipartidismo y el ideologismo. El binominal, en cambio, produciría la formación de pocas corrientes políticas con respaldo popular, se aseguraría la existencia de una minoría, y se introduciría el pragmatismo en las decisiones.
Este es el sistema que se incorporó a la ley Nº 18.700.

4. La consagración del sistema binominal.
El sistema para la elección de nuestros congresales se encuentra actualmente regulado en la Ley N° 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, el cual contempla básicamente un sistema binominal.
En virtud de este sistema, para la elección de los miembros de la Cámara de Diputados, se contemplan sesenta distritos cada uno de los cuales elige a dos Diputados (art.178).
Para la elección de los miembros del Senado, por su parte, cada región constituye una circunscripción senatorial, excepto las regiones V, de Valparaíso; Metropolitana de Santiago; VII, del Maule; VIII, del Bíobío; IX, de la Araucanía, y X, de Los Lagos, las que se dividen en dos circunscripciones senatoriales, respectivamente. Cada circunscripción senatorial elige dos senadores (art. 180).
En el caso de elecciones de Parlamentarios, el sistema se encuentra diseñado sobre la base de una fórmula que declara elegidos Senadores o Diputados a los dos candidatos de una misma lista, cuando ésta alcanzare el mayor número de sufragios y tuviere un total de votos que excediere el doble de los que alcanzare la lista o nómina que le siguiere en número de sufragios (109 Bis).
Si ninguna lista obtiene los dos cargos, elige un cargo cada una de las listas o nóminas que obtengan las dos más altas mayorías de votos totales de lista o nómina, debiendo proclamarse elegidos Senadores o Diputados a aquellos candidatos que, dentro de cada lista o nómina, hubieren obtenido las más altas mayorías.
Si el segundo cargo por llenar correspondiere con igual derecho a dos o más listas o nóminas, el Tribunal Calificador de Elecciones debe proclamar electo al candidato que hubiere reunido mayor cantidad de preferencias individuales.
En caso de empate entre candidatos de una misma lista o entre candidatos de distintas listas o nóminas, que a su vez estuviesen empatadas, el Tribunal procederá, en audiencia pública, a efectuar un sorteo entre ellos, y proclamará electo al que salga favorecido.

III. CRÍTICAS AL SISTEMA BINOMINAL.

Al sistema binominal recién señalado se le han formulado varias críticas.
En primer lugar, origina una representación desigual, pues con el 33% de los votos se obtiene un escaño, aunque la lista mayoritaria obtenga el 66%. Además, resultan electos algunos parlamentarios con menos votos de los que reciben otros candidatos que no llegan al Parlamento.
En segundo lugar, produce una representación excluyente, pues importantes minorías, si no alcanzan el 33% de los votos, quedan excluidas del sistema. Por ejemplo, en 1989, el partido Comunista obtuvo 27,9% de votos en Copiapó y 24% en Cerro Navia; pero no logró ingresar con ningún diputado a la Cámara. El sistema, por tanto, excluye a los terceros, privilegiando a la primera minoría.
Al mismo tiempo, el hecho que el sistema sea excluyente respecto a los terceros, refuerza los grandes bloques.
En tercer lugar, impide que independientes lleguen al Congreso. Según estudios recientes, de 600 diputados electos, entre 1990 y el año 2005, algo más del 1% han sido independientes.
En cuarto lugar, genera una competitividad al interior de los pactos, pues resulta electo quien tenga más fuerza dentro de cada coalición. Con ello se castiga al aliado más débil. La dureza de la competencia ha hecho que algunos pactos la eviten, y se omita un candidato, llevando uno solo en la lista, garantizando su elección. También obliga a complejas negociaciones de las directivas partidarias, que genera tensiones y produce mala imagen en la ciudadanía de los líderes políticos. También genera sobrerrepresentaciones. Por ejemplo, hay partidos que con el 30% de los votos, tienen el 36,6% de parlamentarios. El sistema, asimismo, no proporciona estabilidad, pues a veces por una mínima variación de las votaciones entre los pactos o al interior de éstos, se producen cambios dramáticos en las cuotas de representantes que los partidos eligen. No obstante, el sistema premia al parlamentario en ejercicio, pues al desafiante le resulta muy difícil derrotarlo.
En quinto lugar, es un sistema que fuerza al empate. Mientras la Concertación en 1989 dobló en doce distritos, en 1993 lo consiguió en 11, al igual que en 1997. En el año 2000 dobló sólo en 4 y fue doblada en 1. En materia de senadores, en 1989, la Concertación tuvo tres doblajes, mientas que en el 2005 sólo uno.

IV. CRITERIOS PARA LA FÓRMULA DE REEMPLAZO.

La Comisión Boeninger considera que un sistema electoral debe asegurar cuatro principios fundamentales: la igualdad del voto, la representatividad, la competencia y la gobernabilidad.
La igualdad del voto postula que un buen sistema electoral establece un grado importante de concordancia entre la población y el número de escaños, igualando el valor del voto. La aplicación de este criterio implica evitar la sobre representación o sub representación de algunos territorios del país en el Congreso en desmedro de otros. El reconocimiento de los individuos en la común categoría de ciudadanos implica, justamente, que el voto tenga el mismo valor para todos. En el sistema binominal existe una diferencia de hasta ocho veces en la población entre un distrito y otro, teniendo sin embargo, la posibilidad de elegir igualmente dos parlamentarios.
En segundo lugar, está la representación. La aplicación de este principio implica avanzar hacia un sistema más inclusivo, que reduzca las barreras de entrada que hoy tienen a las terceras fuerzas.
Este principio es plenamente coherente desde punto de vista de la legitimidad social y política del sistema electoral. Por lo demás, las fuerzas políticas con adhesión significativa que quedan excluidas del Parlamento, son estimuladas a conductas anti- sistema, lo cual es negativo para la gobernabilidad y la cohesión social de un país.
En este sentido, deben tener presencia en el parlamento, partidos o coaliciones políticas con adhesión nacional importante.
Asimismo, un nuevo sistema electoral debiera propender a reducir la sobre representación del partido o sub-pacto más fuerte de cada coalición, factor que atenta contra la estabilidad de las coaliciones y distorsiona el principio de representación. Este elemento es una verdadera camisa de fuerza en el sistema binominal, porque el partido que abandona una coalición -ya sea por opción o quiebre de la coalición- corre el riesgo real de desaparecer del parlamento o, al menos, quedar en situación muy menoscabada.
En tercer lugar, está la competencia. Un sistema electoral debe permitir que todas las fuerzas políticas existentes en la sociedad tengan la posibilidad real de luchar por la obtención de un escaño. De esta forma se traslada al ciudadano, y no a los partidos políticos ni a sus coaliciones, la posibilidad de elegir a sus representantes.
Un sistema electoral como el binominal, con escasa incertidumbre, no contribuye a la competencia real, cuestión que es clave para la legitimidad y el buen funcionamiento de un sistema democrático.
Al mismo tiempo la competencia implica que el ciudadano pueda optar realmente entre las candidaturas existentes. Esto implica ampliar la capacidad de decisión del ciudadano, que en el sistema binominal se reduce a su mínima expresión.
El atributo de competitividad que debe poseer un buen sistema electoral implica considerar, a lo menos, los siguientes aspectos. Por de pronto, que los partidos puedan presentar candidatos en todo el país, si así lo desean. Los pactos de omisión no favorecen la competencia ni las opciones a disposición del elector. Enseguida, en la actualidad los electores están limitados a escoger entre un máximo de cuatro candidatos, siendo posible que ninguno sea de la filiación que corresponde a su mayor afinidad o simpatía. A continuación, el diseño electoral debe reducir las barreras de entrada para la aparición de nuevos competidores con posibilidades razonables de lograr escaños. Asimismo, la reforma debe conducir a evitar la competencia perversa en que el adversario principal de cada candidato es el compañero de lista. Finalmente, el nuevo sistema electoral debe evitar la no-competencia es decir, que desincentive la formación de listas potentes con un solo candidato, en circunstancias que se elige un número mayor de cargos, con el objeto de asegurar su elección. Similar es la tendencia de los partidos a privilegiar un candidato fuerte, completando la lista con un candidato de “relleno” sin opción efectiva.
El cuarto principio es la gobernabilidad. Un buen sistema electoral debe favorecer la conformación de mayorías estables que permitan, en un régimen presidencial como el chileno, el ejercicio de un buen gobierno.
En este sentido, un sistema electoral que incentive, de hecho, la proliferación de las fuerzas políticas representados en el Parlamento por no disponer un umbral de entrada y que no posee estímulos para la formación y mantención de coaliciones fuertes –incluidos los mecanismos vigentes en Chile de pactos y sub pactos nacionales-, puede generar una fragmentación no deseada del sistema político y, en consecuencia, coaliciones débiles e inestables.
Para contribuir al desarrollo de este principio, el número de partidos debe ser relativamente reducidos; es decir se debe propender a un sistema electoral que desincentive la proliferación de los partidos. Enseguida, el sistema debe ayudar a que los partidos mantengan cohesión interna fortaleciendo un sentido de disciplina y su rol de Estado. Es decir, que sean soporte y parte del Gobierno del partido o coalición de mayoría o que favorezcan su calidad de oposición, en caso de no pertenecer a ella. Para favorecer la gobernabilidad se requieren partidos fuertes y estables en el tiempo, que sean programáticos, de liderazgo legítimo y cobertura nacional. No ayuda a la gobernabilidad y a la formulación de políticas públicas la existencia de partidos pequeños, de escasa adhesión popular, que puedan ejercer una especie de veto a través de una representación marginal o que se convierten en árbitros de la relación Gobierno-Oposición. Finalmente, la gobernabilidad se verá fortalecida si se desincentiva la presencia de partidos monotemáticos, de una sola causa o establecidos sólo en un territorio específico sin alcance nacional. Es preferible que el sistema  electoral contenga incentivos para  que se incorporen o sean incluidos  por partidos mayores. Es un hecho conocido que existen considerables “trade-offs” entre representatividad o gobernabilidad y proporcionalidad o formación de mayorías. Por eso, entre los múltiples sistemas electorales existentes en el mundo, tienden a predominar sistemas mixtos que procuran conciliar ambas dimensiones.
Los cuatro principios esbozados constituyen los pilares sobre los cuales se puede diseñar un sistema que cambie el sistema electoral.

V. CONTENIDO DE LA REFORMA.

Ahora bien, la reforma constitucional introduce cinco cambios a la Carta Fundamental.

1. Principios del sistema electoral.
La Constitución de 1925 establecía en su artículo 25 que “En las elecciones de Diputados y Senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos”.
En base a ese mandato, la ley electoral pudo diseñar el sistema electoral.
La Constitución actual, sin embargo, cuando aborda el sistema electoral en su artículo 18, sólo establece un principio: la plena igualdad entre los independientes y los miembros de los partidos. Pero no dice nada respecto de algún criterio sobre el sistema electoral.
Durante la tramitación de las recientes reformas constitucionales, se intentó introducir un principio que rigiera el sistema electoral. Sin embargo, éste fue rechazado en la Sala por la oposición.
En efecto, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en su segundo informe, aprobó por tres votos a dos una indicación que establecía que las elecciones de diputados y senadores se debía emplear “un procedimiento que dé por resultado una efectiva proporcionalidad en la representación popular, así como una adecuada representación de las regiones del país”.
Sin embargo, este texto, sometido a votación en la Sala del Senado en la sesión 11, del martes 9 de noviembre de 2004, fue rechazado. Hubo 22 votos por la negativa y 21 votos afirmativos.
Consideramos que un principio orientador para el legislador que debe abordar el sistema electoral, establecido en la Constitución, es esencial.
Además, como se trata de un principio, no establece un procedimiento determinado. Ello permite la flexibilidad y la adaptabilidad en el tiempo que un sistema debe tener.
Dicho principio, también, debe ser común a diputados y senadores.
El principio, asimismo, debe lograr conciliar que el sistema no excluya a nadie y asegure la igualdad del voto; y logre una adecuada representación de las regiones del país.
Por ello, nos parece que la fórmula que se intentó en las reformas constitucionales es adecuada. Esta establece lo siguiente:"En las elecciones de diputados y de senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado una efectiva proporcionalidad en la representación popular, así como una adecuada representación de las regiones del país.".

2. Incentivos para la participación de la mujer.
Es un hecho que las mujeres no tienen una representación adecuada en la política.
Es cierto que las cosas han empezado a cambiar. Hay una Presidenta de Chile mujer, hay Presidentas de partidos mujeres; el gabinete de Ministros es paritario; hay 6 intendentas mujeres; 75 secretarias regionales ministeriales y 17 gobernadoras.
Sin embargo, eso aún es insuficiente.
Baste señalar que hay sólo dos senadoras en ejercicio. El número permanece estable prácticamente desde 1951. Sólo para el período 1990-1993 y 1994-1997, hubo tres senadoras. En materia de diputados, el año 1993 habían nueve mujeres; el año 1997, 14; el año 2001, 15; y en el año 2006, 18. En el año 1951, había una mujer diputado.
Si tomamos como referencia los cargos de alcaldes y concejales, la cifra tampoco varía mucho. El año 1992, de 432 alcaldes, 32 eran mujeres; la misma cifra de 32 existía el año 1996, sobre 341 municipios. El año 2000 la cifra había crecido a 42 sobre 341. La misma cifra se da en el año 2004. En concejales, el año 1992 había 216 concejalas vs. 1.434 hombres. El año 1996, había 258 vs. 1.531. El año 2000, 308 vs. 1.475. Para el año 2004, la cifra creció a 450, vs. 1.230 hombres.
La Constitución establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos; y que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Este texto, incorporado por reforma del año 1999, puede ser usado por algunos como un obstáculo para entregar distintos tipos de incentivos a que la mujer incremente su participación en la vida política.
De ahí que propongamos que se incorpore en la Constitución una facultad para que el legislador establezca mecanismos que incentiven la participación de la mujer en la actividad política.
Con ello no nos cerramos a ningún mecanismo. Puede ser, por ejemplo, más apoyo al financiamiento de las campañas de las candidatas electas, u otros mecanismos semejantes. El legislador los determinará.
Lo importante es que esos instrumentos que diseñe el legislador busquen incrementar el número de mujeres en cargos públicos, sobre todo de representación popular.

3. Eliminación del número de diputados de la Constitución.
El actual artículo 49 señala que “el Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país.”
Como se observa, la Constitución no establece el número de senadores. Tampoco lo hacía antes de la reforma del 2005.
No sucede lo mismo con la Cámara de Diputados, pues el artículo 47 señala que ésta está integrada por “120 miembros”.
Ello constituye una asimetría que no tiene ninguna fundamentación.
Además, el establecimiento de un número fijo en la Constitución de diputados, entorpece el diseño que el legislador puede hacer de un sistema electoral proporcional y representativo. Este puede significar un aumento de la cifra que la Constitución establece, haciendo inviable una modificación meramente legal que no fuera acompañada de una reforma a la Constitución.
De ahí que propongamos suprimir la referencia al número de diputados que integran la Cámara.

4. Supresión de la forma de renovación del Senado.
El actual artículo 49 señala que los senadores duran ocho años en su cargo y se renuevan alternadamente cada cuatro años. Pero agrega que corresponde hacerlo en un período a los representantes de las regiones de número impar y en el siguiente a los de las regiones de número par y de la Región Metropolitana.
Las regiones tienen un número y un nombre. Una de las razones por las cuales no se usa el nombre, es que las normas jurídicas, como la que establece la Constitución en su artículo 49, se refiere a ellas por su número, según sea par o impar.
Además, ello rigidiza los procesos de creación de regiones, pues obliga a procesos electorales repentinos, según si la región sea par o impar. Y produce una discontinuidad territorial en la numeración de las nuevas regiones.
Consideramos que ello lo puede regular sin problemas la ley.
Por lo mismo, proponemos la supresión de la Constitución de la referencias a las regiones pares e impares, sin alterar el calendario actual de renovación.

5. Supresión de inhabilidad para ser candidato a diputado o senador.
La Constitución buscó separar tajantemente la actividad política de la actividad gremial. Quienes diseñaron la Constitución valoraron negativamente el proceso de politización de los gremios ocurridos antes de la crisis de 1973.
Con tal propósito, estableció una serie de instrumentos que buscan mantener separadas ambas actividades.
En primer lugar, las organizaciones sindicales no pueden intervenir en actividades político-partidistas (art. 19 Nº 19). En segundo lugar, son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos (art. 23). En tercer lugar, los parlamentarios no pueden ejercitar influencia en conflictos laborales o estudiantiles (art. 60 inciso cuarto). Y, no pueden ser candidatos a diputados o senadores las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, al momento de inscribir su candidatura (art. 57).
Tal visión ha perdido vigencia. Desde luego los gremios están más maduros como para dejarse influir desatadamente por los partidos. Enseguida, la autonomía de los grupos intermedios para cumplir sus propios fines específicos (art. 1 Constitución), es suficiente garantía para evitar ingerencias indebidas. A continuación, muchas de estas normas han caído en desuso. Por ejemplo, la sanción que la ley debe establecer para los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidistas, o de dirigentes de partidos que intervengan en el funcionamiento de grupos intermedios, que encarga el artículo 23 de la Constitución, no se aplica. De hecho la regula sólo la Ley de Partidos Políticos. Las leyes aprobadas por el Congreso desde 1990 en adelante, como las de organizaciones sindicales, las de Juntas de Vecinos, y la de la Asociación de Funcionarios de la Administración del Estado, no se refieren al tema.
A pesar de ello, la inhabilidad que pesa sobre las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal para ser diputado o senador, se aplica.
Si bien la norma no afecta a todo miembro de una asociación gremial o vecinal, pues sólo toca a los directivos de ella, es extremadamente amplia. Dentro de la expresión “gremial”, caben los colegios profesionales, los sindicatos, las asociaciones gremiales, etc. Y en la expresión “vecinal”, se incluye a las juntas de vecinos y todas las organizaciones comunitarias, como centros de padres, centros de alumnos, centros de madres, etc.
Ello constituye un obstáculo a dirigentes de base que han probado su liderazgo y que cuentan con representación sectorial.
Una sociedad plural y abierta, no puede permitirse el lujo de proscribir a los dirigentes más importantes de las agrupaciones que constituyen la sociedad.
Además, la Constitución los pone en igualdad de condiciones con personas que ocupan cargos públicos, al diseñar la inhabilidad. Esta también afecta a los Ministros de Estado, intendentes, gobernadores, subsecretarios, consejeros regionales, concejales, miembros del consejo del Banco Central, magistrados de los tribunales superiores de justicia, los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones, jueces de letras, el Contralor General, el Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Director General de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y los Oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
En estos casos la inhabilidad se justifica, por el eventual abuso que pueda cometer la autoridad al emplear su cargo para favorecer su candidatura. Pero eso no ocurre con un dirigente de un sindicato, de una junta de vecinos, de una agrupación empresarial. El no está ocupando ni cargo ni recursos públicos.
La única inhabilidad que se le asemeja es aquella que prohíbe a las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado, ser candidatos a diputados o senadores. Pero en este caso, hay compromiso de recursos públicos, si bien no hay un cargo público de por medio.
La inhabilidad que tienen en la actualidad es un obstáculo inmerecido para los dirigentes gremiales o vecinales, que se funda en una separación tajante entre la vida política y gremial, en un gremialismo, hoy día superado.

Por ello, proponemos suprimirlo de la Constitución.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

"Artículo único.- Modifícase la Constitución Política de la República de Chile de la siguiente manera:
 1) Insértase, en el artículo 18, como inciso segundo y tercero, nuevos, los siguientes:
  “En las elecciones de diputados y senadores se empleará un procedimiento que dé como resultado una efectiva proporcionalidad en la representación popular, así como una adecuada representación de las regiones del país.
  La ley podrá establecer mecanismos que incentiven la participación de la mujer en la actividad política.”.
 2) Suprímese, en el artículo 47, el guarismo “120”.
 3) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 49, la expresión “correspondiendo hacerlo en un período a los representantes de las regiones de número impar y en el siguiente a los de las regiones de número par y de la Región Metropolitana”, por “en conformidad a lo que determine la ley orgánica constitucional”.
 4) Modifícase el artículo 57, en el siguiente sentido:
  a) Suprímase el número 7), adecuándose la numeración subsiguiente.
 
  b) Reemplázase en su inciso segundo, la expresión “los números 7) y 8)”, por “el número 7)”; y el guarismo “9)”, por “8)”.”.
Dios guarde a V.E.,


MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República

ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN
Ministro del Interior

PAULINA VELOSO VALENZUELA
Ministra Secretaria General de la Presidencia

 

BITACORA DE UNA REVOLUCION ESTUDIANTIL: ABRIL - MAYO - JUNIO 2006.

 

PRESENTACION

Este texto presenta una cronología detallada de los principales acontecimientos y actores que constituyeron las manifestaciones estudiantiles de abril, mayo y junio recientes. 

Resulta notorio al examinar esta cronología, que los acontecimientos se fueron acumulando en intensidad hacia el mes de mayo, pero que los antecedentes de esta verdadera revolución estudiantil, debemos encontrarlos en las numerosas conversaciones sostenidas por el ex-Ministro de Educación Sergio Bitar en el curso del año 2005, las que culminaron en noviembre de ese año, con la firma de un protocolo de acuerdo, el cual posteriormente no fue considerado por el nuevo Ministro sr. Zilic.

Cabe subrayar en confirmación de este acerto, que las negociaciones entre estudiantes secundarios y Ministerio, fuerond ejadas en manos del Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, lo que refleja claramente que el Ministerio, el Comité Político de la Moneda y el gobierno en su conjunto, estimaron insuficientemente la amplitud de las demandas planteadas y el potencial efecto multiplicador de las primeras manifestaciones estudiantiles.   Si la función política de un Gobierno y del Ministerio del Interior en particular,  supone anticipar los hechos sociales a la luz de un análisis pormenorizado de las señales y tendencias que se vienen dibujando en el proceso político y socio-político, aquí evidentemente no existió esa capacidad de anticipación.   Los estudiantes en cambio, percibieron en su momento (a principios de mayo) una brecha abierta en la capacidad de respuesta del Gobierno y gradualmente lanzaron un movimiento que, al cabo de 30 días alcanzó proyecciones nacionales e internacionales, y logró modificar la agenda pública.

En texto en cursiva y entre paréntesis, se presentan algunos elementos para un análisis político y de coyuntura, de estos hechos.

 

Manuel Luis Rodríguez U.    Cientista Político.

Punta Arenas - Magallanes, junio de 2006.

 

CRONOLOGIA DE LOS HECHOS Y ANALISIS 

 

NOVIEMBRE DE 2005.  El petitorio de los Centros de Alumnos de la Región Metropolitana es entregado en el Ministerio de Edcuación en noviembre de 2005 y es acordado con el Ministro de Educación Sergio Bitar, quién comisiona al Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana Alejandro Traverso de hacer el seguimiento de este documento. 

MIERCOLES 26 DE ABRIL de 2006.  Contraloria General de la República da cuenta de un Informe entregado en febrero del presente año al Ministerio de Educación revelando serias irregularidades en el sistema de Educación Básica y Media detectadas durante los años escolares 2003, 2004 y 2005. 

JUEVES 27 DE ABRIL.  Primeras manifestaciones públicas de estudiantes secundarios. Algunas marchas de estudiantes en Santiago.  Mas de 4.000 estudiantes manifestantes reclamando por el costo elevado de la PSU, por la derogación de la Jornada Escolar Completa y exigiendo la gratuidad  del Pase Escolar. 

VIERNES 28 DE ABRIL.  Comisión de Educación de la Cámara de Diputados propone licitar la PSU a nivel nacional.   Estudiantes secundarios demandan una Mesa Tripartita de Diálogo para discutir situación de la Jornada escolar Completa.   Asociación nacional de Consejeros Regionales piden revisar Jornada Escolar Completa.  (En esta etapa del movimiento estudiantil, la autoridad política que representa la posición del Gobierno y actúa como interlocutor con los estudiantes es el Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, lo que indica que el Gobierno no tiene claridad de las dimensiones del movimiento ni de sus consecuencias futuras.)

SABADO 29 DE ABRIL.   En Chile, cerca de 207.000 estudiantes egresan de la Enseñanza Media y de ellos, 80.000 no rindieron la PSU en 2005.  El costo de este acceso es de $ 19.660 por alumnos la primera vez y de $ 26.600 para quienes la rinden por 2ª vez.  Los estudiantes reclaman su gratuidad y el Ministro de Educación respondió a estas demandas hoy diciendo que "hay más de 20.000 becas que se entregan para postular  a la PSU..."  Universidad de Chile anuncia que congela el costo de la PSU para el año 2006.  (Hasta esta etapa de fines de abril, el movimiento estudiantil se despliega en términos comunicacionales marginales y la respuesta que da la autoridad es de rechazo a las demandas, mientras reitera la apertura al diálogo, lo que podría hacer pensar en una estrategia de prolongar las negociaciones para agotar el movimiento.)

VIERNES 11 DE MAYO.   Primeras demandas de los estudiantes de los 3° y 4° Medios, no encuentran respuesta positiva ni concreta del Gobierno.  Se informa que se ha constituido oficialmente una Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) en Santiago, como organismo colegiado de gobierno democrático y horizontal del movimiento estudiantil.  Sus voceros son revocables y la asamblea de dirigentes de los Centros de Alumnos representados es el órgano soberano de discusión y decisión. (Cabe resaltar la escasa resonancia pública que tuvieron estos primeros eventos en los medios de comunicación.) 

LUNES 15 DE MAYO.  Se inicia mesa de diálogo entre estudiantes y Ministerio de Educación.  Comienzan las primeras tomas de liceos y manifestaciones de estudiantes secundarios en calles de Santiago. (Los estudiantes expresan que las demandas estudiantiles eran conocidas en el Ministerio de Educación desde el año 2005, y que en agosto de 2005 -en plena campaña presidencial- el Ministro de Educación Sergio Bitar firmó un acuerdo con los estudiantes para hacer avanzar esas demandas por las vías institucionales.  Ahora, el nuevo Ministro declara desconocer tal acuerdo.)

MARTES 16 DE MAYO.   Manifestaciones estudiantiles llegan hasta sede del Ministerio de Educación.  Estudiantes convocan a manifestaciones para el jueves 18 de mayo.   Después de dos días de negociaciones, Ministro de Educación suspende la mesa de diálogo con estudiantes anunciando que "no negociará bajo presión".  (El gobierno, a través del Ministro de Educación, toma en sus manos las negociaciones pero prefiere cortar el diálogo, bajo el argumento de no aceptar presiones.) 

JUEVES 18 de mayo.  Primera gran manifestación callejera de los estudiantes secundarios en Santiago: se trata de alumnos de 3° y 4° Años Medios de los Liceos municipalizados de la Región Metropolitana.  Se acusa la presencia de elementos ajenos a la manifestación, los aque son rechazados por los dirigentes estudiantiles.  702 detenidos durante manifestaciones.   Algunos liceos de Santiago son tomados por los Centros de Alumnos.

VIERNES 19 DE MAYO.  Ministro de Educación anuncia probable desalojo de liceos tomados, como una maniobra de presión sobre los estudiantes.   Se incrementa el número de liceos en huelga y en toma, llegando a 22 en Santiago.   Los estudiantes secundarios esperan que la Presidenta de la República de cuenta de sus demandas en el Mensaje Presidencial.  (Considerando los hechos en su real dimensión, ¿estaba el Ministro de Educación en condiciones de amenazar con desalojos con la fuerza pública de los liceos tomados?  ¿Calculaba el Ministro el impacto nacional e internacional que podrían ocasionar las escenas televisadas de desalojos violentos de los liceos?   El Comité Político de la Moneda no estaba produciendo los mejores y más ponderados consejos para el Ministro en este instante del movimiento.)

DOMINGO 21 DE MAYO.  Presidenta de la República repudia a los elementos encapuchados que aparecen en manifestación estudiantil del 18 de mayo pero, en esencia, no recoge las demandas de los estudiantes con lo que los centros de alumnos y la Asamblea perciben que sus requerimientos no están siendo escuchados.  El planteamiento central del Mensaje Presidencial en materia educacional es el énfasis en el financiamiento de obras para mejorar la Educación Parvularia y la infraestructura.   Frente a los manifestantes del día 18 de mayo, reclama que las manifestaciones se hagan a cara descubierta como se conquistó la democracia.  (Probablemente cabría considerar la hipótesis que el silencio de la Presidenta en su Mensaje Presidencial sobre las demandas estudiantiles, haya sido un factor adicional que indujo una aceleración y una ampliación del movimiento de protesta de los estudiantes.  Al no sentirse escuchados por la Presidenta de la República, el movimiento tendió a ampliarse.)

LUNES 22 DE MAYO.  Carabineros desaloja un liceo en comuna de Providencia por orden de Alcalde. Los estudiantes que salen a la calle este día, lo hacen con scotch negros en sus rostros y los voceros estudiantiles responden que ellos actúan a rostro descubierto. Nuevos 6 liceos de la Región Metropolitana son tomados por sus estudiantes.  (El movimiento comienza a adquirir la forma de una "bola de nieve": cada día se suman nuevos establecimientos y ninguna medida de presión ni de negociación logra disminuir su intensidad y su extensión territorial. Puede afirmarse que el 22 de mayo es la primera fecha clave del movimiento cuando los estudiantes pasan de la táctica de las manifestaciones callejeras a la toma de colegios y huelgas generalizadas e indefinidas.)

MARTES 23 DE MAYO.  Aparecen ahora masivamente en los medios de comunicación las demandas de los estudiantes: reforma a la LOCE, revisión de la Jornada Escolar Completa, gratuidad de la PSU y del Pase Escolar.  La mayor cobertura mediática de las demandas y manifestaciones estudiantiles, pone de relieve que se está en presencia de una crítica integral de los estudiantes a la calidad de la Educación en Chile. Se incrementan las tomas de liceos.  (A partir de esta fecha, el movimiento estudiantil cambia gradualmente de táctica: de las marchas callejeras y las manifestaciones masivas, pasa a la fase de las tomas de liceos y de la huelga de estudiantes a fin de disminuir el riesgo de infiltración de elementos extraños en las marchas y a fin de lograr un mejor control de las multitudes de estudiantes. Las demandas estudiantiles han logrado incorporarse en la agenda pública y de los medios, y han obtenido que el Gobierno se preocupe de resolver estas exigencias aunque ni figuren en la agenda gubernamental.)

MIERCOLES 24 DE MAYO.  Marcha multitudinaria de estudiantes secundarios en Valparaíso sin incidentes.  Continúan sumándose los establecimientos tomados en Santiago, en Valparaíso y en Concepción.  Tomas de liceos abarcan también a establecimientos que tienen  Enseñanza Básica y Media. Conferencia Episcopal católica se ofrece como mediadora del conflicto, pero el Encargado de Educación del Episcopado reconoce que temen que el movimiento se extienda hacia los colegios privados católicos.  Ministro de Educación anuncia que invita a dialogar a todos los estudiantes que no estén en paro. (El gobierno muestra aquí una nueva forma errática de reaccionar al movimiento.  Al discriminar políticamente entre "estudiantes en paro" y "estudiantes que no están en paro" el Ministro arriesga quedarse sin interlocutores para dialogar, en la medida en que el movimiento crece y se expande.)

JUEVES 25 DE MAYO.  Estudiantes apedrean domicilio de Obispo Goic en Rancagua.  Colegio de Profesores y federaciones de estudiantes universitarios examinan sumarse a las demandas de los secundarios.   Asamblea de Estudiantes Secundarios convoca a una jornada nacional de movilización para el martes 30 de mayo.  Se incrementa el número de liceos en toma: Santiago, Valparaíso, Rancagua, La Serena, Antofagasta, Iquique, Concepción, Puerto Montt, Punta Arenas.    Ministro de Educación anuncia que el diálogo con los estudiantes sigue abierto.

VIERNES 26 DE MAYO.  Estudiantes secundarios dan carácter de paro nacional de la Educación al movimiento del martes 30 de mayo.  Federación de Colegios Particulares critica desempeño del Ministerio de Educación en el presente conflicto.  El movimiento resulta claramente una alianza entre alumnos y padres y apoderados.

LUNES 29 DE MAYO.  Se comienzan a sumar a las manifestaciones los liceos particulares.  Manifestaciones estudiantiles en las regiones de Valparaíso. Talca, Concepción y La Serena.   El movimiento de los estudiantes secundarios cuenta claramente con la adhesión de las Federaciones de Padres y Apoderados y del Colegio de Profesores. Se rompe el dìálogo de los estudiantes secundarios con Subsecretaria de Educación, por falta de respuestas concretas a sus demandas y por ausencia del Ministro en la mesa de negociaciones.  (Este es un segundo momento de inflexión del movimiento estudiantil: el Ministro convoca a dialogar a los estudiantes pero éstos se encuentran que su interlocutor es la Subsecretaria de Educación, lo que es considerado por los estudiantes como una falta de respeto y se retiran de las negociaciones. Los estudiantes exigen interlocución directa con el Miniswtro de Educación. El manejo comunicacional del Ministerio es caótico.)

MARTES 30 DE MAYO.  El movimiento alcanza un punto culminante de su desarrollo.  Paro nacional y numerosas manifestaciones en Santiago. La naturaleza pacífica de la convocatoria, se ve afectada por la presencia de elementos infiltrados en las manifestaciones que perpetran saqueos y actos de vandalismo en el centro de Santiago. Decenas de manifestaciones simultáneas ocurren en Santiago. Saldo general: 730 detenidos y 28 lesionados.  Represión policial innecesaria y desmedida contra estudiantes en manifestaciones pacíficas, causa impacto nacional.  En total suman 250 establecimientos secundarios plegados al movimiento en todo el país. Se calcula en más de 500.000 estudiantes paralizados a nivelo nacional.  Negociaciones entre estudiantes y Ministro de Educación, que se desarrollan teniendo como telón de fondo las manifestaciones en Santiago, no dan resultados. (Este es el tercer momento de inflexión del movimiento y probablemente su punto culminante.  El Ministro de Educación se ve obligado a ceder y llama a negociar sin condiciones.)

MIERCOLES 31 DE MAYO.  Toma de los estudiantes de la Universidad de Chile.  Presidenta de la República y Presidente del Colegio de Periodistas, condenan públicamente la represión policial a periodistas del día anterior.  Mando Superior de Carabineros retira de sus cargos al Jefe de las Fuerzas Especiales y a 8 carabineros involucrados en excesos del 30 de mayo.  Retoman las negociaciones entre estudiantes y el Ministro de Educación, pero paros y tomas continúan.  Diálogo se complica ante ultimatum de los estudiantes, que exigen respuestas concretas.  (El gobierno negocia con estudiantes paralizados, en manifestaciones y en tomas.)

JUEVES 1 DE JUNIO.  Nuevas manifestaciones.  82 detenidos.  Página web del Simce es hackeada en apoyo a los estudiantes secundarios.  Federación de Colegios Particulares llama a suspender clases si no hay seguridad en los establecimientos. Estudiantes de un liceo de Santiago realizan toma de sede de UNESCO durante 2 horas, exigiendo que problemática estudiantil sea conocida internacionalmente, movimiento que se depone despues que Directora Ejecutiva de UNESCO se compromete a respaldar el diálogo.  Comité Político en Palacio de la Moneda analiza manifestaciones y prepara respuesta del Gobierno.   Presidenta Michelle Bachelet anuncia por cadena nacional voluntaria de televisión un amplio y coherente conjunto de medidas de corto, mediano y largo plazo para responder a las demandas estudiantiles, incluso con recursos presupuestarios frescos.  (A partir de este punto, se inicia la fase final del movimiento: los estudiantes comienzan a perder la iniciativa, aunque mantienen una alta adhesión ciudadana a su movimiento, ya que el Gobierno a puesto "sobre la mesa" los recursos suficientes para resolver la mayor parte de las demandas estudiantiles.)

VIERNES 2 DE JUNIO.   Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) rechaza por insuficientes las ofertas del Gobierno, insistiendo en las medidas de mediano y largo plazo para garantizar una reforma de fondo a la Ley Organica Constitucional de Educación (LOCE).   Ministro de Educación se declara optimista de la respuesta final de los estudiantes.   Más de 2000 estudiantes secundarios marchan en Santiago a la sede del Ministerio de Educación.

SABADO 3 DE JUNIO. Tomas y paro de estudiantes continúan mientras Asamblea de ACES debate sobre las propuestas del Gobierno.

DOMINGO 4 DE JUNIO.  Estudiantes acusan al Gobierno de querer ocasionar divisiones en el movimiento estudiantil. 

LUNES 5 DE JUNIO. Se inicia en el Gobierno el debate interno para elaborar proyecto de reforma a la LOCE.  Ministra de Secretaría General de la Presidencia envía al Congreso proyecto de ley de reforma constitucional para consagrar garantía a la calidad de la Educación.   Diálogo Gobierno-Estudiantes está suspendido.   Nuevas manifestaciones estudiantiles en Santiago y regiones.   262 detenidos y 24 carabineros lesionados.  Saqueos de establecimientos comerciales en el centro de Santiago.  (En esta fase del movimiento, la cuestión central del debate es la proporción de representantes estudiantiles que deben acceder al Consejo Asesor Presidencial.  El Gobierno ha logrado encapsular el movimiento dentro de los límites institucionales.)

MARTES 6 DE JUNIO.  Estudiantes demandan el 50% de cupos en Comité Asesor Presidencial para los actores sociales involucrados en la educación.   Presidenta de la República anuncia constitución de Comité Asesor Presidencial de la Educación con 73 integrantes.

MIERCOLES 7 DE JUNIO.  Primeras señales de divisiones al interior del movimiento estudiantil.  Algunos liceos de Santiago y regiones presionan para concluir el movimiento.

JUEVES 8 DE JUNIO.  Se debate intensamente en asamblea de ACES por incorporación de estudiantes en Comité Asesor Presidencial.   Liceos continúan en toma, pero algunos establecimientos comienzan a regresar a clases.

VIERNES 9 DE JUNIO.  Asamblea de ACES acuerda deponer tomas y huelga, incorporarse con seis delegados elegidos al Consejo Asesor Presidencial y pone en término a movimiento, no sin antes advertir  que mantendrán una actitud vigilante frente al cumplimiento de los anuncios del Gobierno.

SABADO 10 DE JUNIO.  Comienza el desalojo voluntario y entrega gradual de establecimientos tomados a sus directores en todo el país, para regresar a clases el martes 13 de junio.  El Gobierno, a través de la subsecretaria de Educación, Pilar Romaguera, sostuvo que no se hará cargo de los eventuales recursos que se deban destinar para cancelar horas extras a los profesores, de cara a la recuperación de clases, ni tampoco de los daños al mobiliario de los colegios.     Romaguera celebró el término de la movilización y la llegada de un escenario "más normal" porque el conflicto, según ella, "se había prolongado más de lo razonable". Y en ese sentido, la recuperación de las horas de clases es ahora el objetivo principal para acabar el año sin problemas.    La Subsecretaria precisó en radio Cooperativa que la recuperación de los días perdidos por la movilización es una materia "bastante descentralizada, por decirlo así, caso a caso".    "Lo importante es ver cuáles son las alternativas que cada colegio tiene y ellos tienen que presentar un plan de recuperación de clases en los Departamentos Provinciales de Educación que corresponde a cada una de las regiones, y la alternativa más fácil es que se recupere (clases) en vacaciones de invierno", sostuvo.      Sin embargo, la Subsecretaria dio otras alternativas -realizar clases en los días sábado, extender la jornada escolar diaria, recurrir a días de septiembre y prolongar las clases en diciembre- que deberán ser analizadas por los colegios, aunque en algunas de éstas el Ministerio no compromete una ayuda adicional.   "El Ministerio no tiene mayores recursos que podamos poner a disposición. No podemos nosotros financiar los programas de recuperación de clases...", dijo la Subsecretaria.

 

LA REVOLUTION DES PINGUINS AU CHILI

 

Lorsque des miliers d'étudiants chiliens de l'enseignement secondaire le 11 mai dernier ont mis leurs demandes et aspirations au devant de l'escene sociale, le pays est devenu une grande école en debat.  L'agenda du gouvernement, la classe politique et des médias s'est vu rapidement depassée par les événements. 

Plusieurs appelatifs nous permettront d'analyser les evenements, tels "la revolution des pinguins" (au Chili on appele "pinguins" aux etudiants des lycees par leurs vetements uniformes blue et blanc), en faisant reference aux demandes d'amelioration de la qualité de l'enseignement, apres 16 annèes de gouvernement de la Concertation Démocratique.  Foules des étudiants reliées par télephone mobile, par blogs, e-mails et photoblogs, donant un sens réel aux "smart mobs" dont on parle H. Rheingold.  Foules en réseaux, voici leur définition essentielle.  Ce ne sont pas les masses de G. LeBon ou G. Tarde mobilisées par une idéologie, on assiste au Chili á la rennaissance de l'espoir, á partir d'une génération jeune qui ne veut pas croire aux rethoriques et promesses des politicients traditionnels.  Ce sont les nouvelles multitudes du XXIème siécle, des foules intelligentes dont nous parlent Negri et Rheingold, des multitudes conscientes de leurs demandes, des foules politiques dans le sens le plus large du terme, mais non partisanes, et qui profitent de la délocalisation des reseaux et du temps réel de la communication par satellite. 

L'ensemble du système d'Education chilien -encore autre héritage de la dictature- à eté mis en question par les jeunes.  La qualité de l'enseignement, les inégalités sociales installées a l'interieur des écoles et lycées, l'insuffisance des ressources aloués par l'Etat a l'Education Nationale et Publique tandis qu'on achête abondamment des avions, des bateaux de guerre et des chars de combat dernière génération, grâce aux énormes revenus de l'exportation du cuivre.

Ces lyceens sont precisement "les fils de la démocratie" par une grande partie fils des jeunes des années '80 qui se sont durement battus contre la dictature militaire, en exprimant á la rue les mêmes demandes qu'eux non pas gagné lors des protestations contre Pinochet.   Fils de la démocratie, enfants de la necessité, jeunes organisés avec une intelligence sociale et une habilité tactique qui a surpris la classe politique, tellement accomodés a la pesante lenteur du pouvoir et des institutions.

Le mouvement á commencé petit a petit.  Les demandes des jeunes se sont progresivement elaborées depuis 2004 et 2005.  Le Ministre de l'Education en 2005, Mr. Sergio Bitar ayant signé un accord quelques mois avant les elections presidentielles (pour des raisons évidemment electorales), a été un des facteurs du declenchement des grêves, puisque le Ministre actuel s'est refusé de valider les promesses de Mr. Bitar.  L'occupation des lycees et les manifestations a la rue, son suivi la logique de la "boule de neige".  Le 11 mai avait 10 etablisements occupés pars ses etudiants, tandis qu'aujourd'hui il y a quelques 650 lycees et 600.000 étudiants en grêve depuis le nord à Arica jusqu'au Magellan au sud du Chili.  Les organisations des  parents d'ecole et des enseignants ont exprimé publiquement leur solidarité active au mouvement et sont venus en aide aux étudiants qui restent dans leurs locaux la nuit.

L'ensemble du mouvement, á la maniére d'un scénario de crise, s'est deroulé depuis debut mai en trois phases:  première, le déclenchement progressif des grêves et des manifestations à la rue et installation des demandes aux médias; deuxième phase, la course aux extrèmes, violence sociale à la rue, repression policière et negociations; et troisième phase, les reponses de l'autorité sous pression et mise en place des structures politiques et techniques de résolution de la crise; nous sommes actuellement à la troisième phase. 

Il faut souligner la flexibilité tactique du mouvent des étudiants.  Premierement, ils ont eu recours aux manifestations à la rue mais, quand le lumpen est sortie aussi pour casser des vitres et voitures, les jeunes ont changé leurs mouvement pour l'occupation massive des établissements, laisant a la police et au governement sans discours contre leurs demandes.  Deuxiemement, ils ont maintenu leurs demandes malgré les pressions des politiciens, des medias et du gouvernement, dont les autorités avaient negligé l'ampleur des aspirations des jeunes.

Un systeme d'education profondement inegal et fondé sur un principe de marchandisation de l'enseignement, est á la base des demandes des étudiants.  En plus, ils veulent la gratuité des certains prix pour s'inscrire aux examens universels d'accés á l'Université.  La Presidente Bachelet á exprimé son acceptation des certaines demandes, tout en essayant de diviser le mouvement par le biais des parents, deja fatigués par trois semaines de grêves.

Apres trois semaines des manifestations, des debats, des negociations, les etudiants secondaires ont réussi a installer le probleme de l'Education nationale dans le debat publique.  Reste maintenant á savoir si la classe politique et gouvernante saura rélever le puissant défi des jeunes, des jeunes foules intelligentes.

Manuel Luis Rodríguez U.

Punta Arenas - Magellan, juin 2006.

 

BITACORA SEMANA DEL 5 AL 11 DE JUNIO 2006

Lunes 5 de junio.  11.00 horas.  Estudiantes de los liceos de Enseñanza Secundaria en paro y estudiantes de la educación superior, de las Universidades de Magallanes y ARCIS realizan manifestación en el centro de Punta Arenas, participando unas 1.000 personas entre estudiantes, padres de familia y profesores, ademas de funcionarios de distintos servicios públicos.  La marcha partio a las 11.00 horas desde Plaza Bulnes y marcharon pacíficamente por Bories hasta desembocar en la  Plaza Muñoz Gamero. 

Estas manifestaciones, de solidaridad con el gran paro Nacional Estudiantil convocado desde Santiago por la Asamblea de Centros de Alumnos Secundarios constituyen la culminación de dos semanas de movilizaciones en favor de una reforma profunda de la educación en el país.

Martes 6 de junio.  El conjunto del movimiento estudiantil entra en una fase crítica.  Después de las manifestaciones masivas de ayer lunes que abarcaron a la inmensa mayoría de los estudiantes, manteniendo la amplia adhesión de la ciudadanía.  Ahora, los estudiantes ponen en el tapete de sus demandas la problemática de la municipalización y de su participación paritaria (50% más uno de los actores sociales) dentro del Consejo Asesor Presidencial sobre Educación. Estudiantes se toman la sede la UNESCO en Santiago exigiendo resonancia internacional de sus demandas. El movimiento eleva sus demandas y por lo tanto, todo depende de su unidad y capacidad de socialización de sus exigencias.   las manifestaciones (800.000 personas) no resultan opacadas por las formas de violencia social anómica que se observaron.  Esos hechos reflejan que hay un malestar social oculto y aunque sea marginal, capaz de tener presencia mediática e impacto en la opinión pública.   El movimiento estudiantil continua teniendo un amplio apoyo ciudadano.

El Gobierno anuncia hoy el envío de proyecto de ley de reforma constitucional para consagrar el derecho a la calidad de la educación.   La Ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso concurre al Congreso a presentar la iniciativa.

El tópico de fondo de discusión en este momento es la cuestión de la municipalización.  Este análisis tiende ahora a pasar desde el ámbito de los colegios y liceos, al ámbito político y parlamentario.

Miércoles 7 de junio.  El Gobierno anuncia a los integrantes del Consejo Asesor Presidencial de la Educación.

Jueves 8 de junio.  El movimiento estudiantil comienza a manifestar sus primeras divisiones, como consecuencia de su agotamiento en el tiempo.   El gobierno presiona para que los manifestantes y las tomas de liceos "se bajen".   Tentativa de mediación de Senador Ruiz Esquide es deslegitimada por el Gobierno.

Viernes 9 de junio.   Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios, acuerda deponer las tomas y manifiestan voluntad de incorporarse en Comité Asesor Presidencial en conjunto con el Colegio de Profesores.  Estudiantes vuelven a clases el martes 13 de junio.

Sábado 10 de junio.  Los liceos en toma en todo el país comienzan a ser devueltos a sus directores.